Cáritas asegura que 120.000 gallegos viven en pobreza severa

La situación de crisis económica y el "avance intolerable del desempleo" provoca, entre otros factores, que 650.000 personas estén en situación de exclusión social en Galicia, de los que 120.000 viven en pobreza de carácter severo. De ellos, según los datos del documento 'Na procura de alternativas II', de Cáritas Interparroquial de Santiago, casi 22.000 se encuentran en la capital gallega y más de 4.000 en situación de pobreza severa.

Según ha destacado Miguel Fernández algunas de estas personas residen en albergues, infravivienda, o en la calle, que se corresponden con los que sufren mayores dificultades. Otros se corresponden con personas mayores "con pensiones muy bajas". "El desempleo genera exclusión social", ha insistido, para advertir de la necesidad de que las distintas administraciones "se comprometan en la lucha" contra esta situación y emprendan iniciativas encaminadas a que que se mantengan unos ingresos mínimos a personas, a través de prestaciones por desempleo o rentas de inserción.

Fernández ha destacado, además, que el perfil de las personas que participan en los programas de Cáritas Interparroqual está cambiando, a pesar de que sigue siendo el de una mujer inmigrante o emigrante retornada, de más de 35 años y con poca formación o experiencia laboral. En concreto, cada vez hay más hombres atendidos y se ha registrado un incremento de las personas nativas y de menores de 35 años. Caritas Interparroquial de Santiago ha registrado 342 nuevas personas atendidas, con 3.421 intervenciones y un total de 1.309 participantes; 104 ofertas de empleo directo; siete acciones formativas con 104 beneficiarios, además de asesoramiento. Fernández ha destacado las 112 inserciones laborales "en un año muy difícil", como fue 2012, además de valorar los modelos de intervención a través de itinerarios de integración sociolaboral.

Así, Fernández ha señalado que el documento urge por una apuesta "urgente" por la formación, con programas que garanticen unos "ingresos mínimos mensuales" a las familias, además de avanzar hacia otro modelo económico y productivo. Además, las políticas de austeridad "han generado una mayor vulnerabilidad de la sociedad española" y los recortes en servicios públicos de bienestar social "pueden suponer una ruptura definitiva para las personas más pobres", a quienes se "abandona a su suerte" cuando este tipo de acciones "vulneran los derechos sociales". "Sólo podemos considerar nuestro sistema como democrático si garantizamos los derechos sociales de los más vulnerables", señala una de las consideraciones del texto, tras apuntar además "la exclusión al derecho de atención sanitaria" al colectivo inmigrante en situación irregular.