Alaya tarda tres años en citar a tres imputados en el ‘caso Mercasevilla’

La juez que investiga el caso Mercasevilla, Mercedes Alaya, ha reactivado la rama referida al delito societario con las citaciones como imputadas, en octubre, de tres exdirectivos del mercado, lo que se producirá más de tres años después de la apertura de las diligencias.

Fuentes del caso han informado de que el 3 de octubre declarará como imputado Fernando Mellet, exgerente de Mercasevilla, el día 4 lo hará Daniel Ponce, exdirector adjunto y el día 8 de octubre la exdirectora económica Pilar Giraldo.

Se trata de las primeras declaraciones en esta rama después de que ayer la juez Mercedes Alaya se comprometiera con el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) a reactivar las cuatro macrocausas que tiene en su juzgado: la relativa a los ERE, las dos de Mercasevilla y la referente a la gestión del Real Betis.

En este sumario del caso Mercasevilla se investiga la presunta falsedad de las cuentas de la empresa o el gasto de 30.272 euros sin justificar con la tarjeta VISA.

Los delitos investigados son malversación de fondos públicos, fraude y exacciones ilegales, delitos societarios, administración desleal o apropiación indebida.

En septiembre de 2011, la Fiscalía Anticorrupción había pedido a la juez Mercedes Alaya que tomase declaración cuanto antes a estos tres imputados para eludir el riesgo de "nulidad de todo o parte del procedimiento" y la prescripción de los delitos.

La juez le respondió entonces que los hechos imputados estaban "exhaustiva y detalladamente" descritos en un auto de mayo de 2010, por lo que no era preciso tomar declaración a los imputados hasta que el juzgado recibiese un peritaje solicitado.

La Fiscalía consideró urgente "concretar y describir", respecto de cada uno de los imputados y "de la manera más individualizada posible, los hechos presuntamente delictivos cometidos y su presunta participación en los mismos".

Una imputación "genérica o insuficiente", a juicio de la Fiscalía, podría llevar a una indefensión de los sospechosos por no poder articular su defensa, que de prosperar "podría derivar en una nulidad de todo o parte del procedimiento, causando así la destrucción o cercenación parcial del material probatorio".

La Audiencia de Sevilla confirmó en marzo de 2011 la imputación de los tres acusados y dijo que de la auditoría realizada por la empresa Deloitte se desprende que existen indicios de presuntos delitos de malversación de fondos públicos, fraude y exacciones ilegales, delitos societarios en su doble vertiente de falsedad en las cuentas anuales y administración desleal, o de delitos de apropiación indebida.

Entre otros, la Audiencia detalló como hecho a investigar "la existencia de anotaciones contables que en lugar de figurar como pérdida o pasivo lo hacen como activos o ingresos, lo que ha obligado a la sociedad a realizar unos ajustes en las cuentas que han dado como resultado que, en lugar de existir los beneficios que mostraban las cuentas aprobadas (258.024 euros), se detecten unas pérdidas de 1.539.713 euros".

Todo ello arroja "un efecto patrimonial conjunto negativo de 2.654.446 euros", según la Audiencia, que precisó que esas divergencias "pudieran verse incrementadas como consecuencia de las limitaciones con las que se ha encontrado la entidad auditora".