300.000 familias viven en 2.000 urbanizaciones irregulares

El Síndic de Greuges, Rafael Ribó, exigió ayer soluciones para las 300.000 parcelas residenciales en urbanizaciones sin regularizar en Cataluña, con el fin de paliar los déficits en servicios como suministros básicos, transporte, saneamiento e incluso educación y garantizar el derecho a una vivienda digna. “Cada año hablamos de este tema en el informe del Síndic. Un tema que nunca ha sido resuelto, caro, complejo”, lamentó tras entregar a la presidenta del Parlament, Núria de Gispert, un informe con recomendaciones para que los grupos decidan en seis meses las medidas a implementar.

Ribó detalló que hay entre 1.800 y 2.300 urbanizaciones pendientes de regularizar, que ocupan 50.000 hectáreas —cinco veces la extensión de Barcelona—, y que se concentran, sobre todo, en el Baix Llobregat. Se trata de urbanizaciones construidas en las décadas de 1960 y 1970 como segundas residencias que se convierten, cada vez más, en primeras viviendas a causa de la crisis. El Síndico recomienda en su informe la creación de un catálogo de las urbanizaciones con déficits —ello ayudaría a estimar la inversión necesaria— y de una comisión de evaluación y gestión de este fenómeno que incluya a las diversas administraciones, agentes implicados y propietarios, además de emprender acciones para limitar los casos en los que se bloquea el registro de dichas viviendas, junto con el Registro de la Propiedad.

Mayor flexibilidad

También insta a la Generalitat a apoyar a los ayuntamientos y a los propietarios de las viviendas en sus relaciones con las empresas suministradoras de servicios, además de recomendar una flexibilización de la normativa urbanística; hacer un mayor uso del planeamiento supramunicipal, y estudiar sistemas de depuración alternativos a las estaciones de depuración de aguas residuales.

Ribó recordó que la problemática se intentó solventar en 2009 con la Ley de Regularización y Mejora de Urbanizaciones con Déficits Urbanísticos, pero que “la crisis ha interrumpido las convocatorias de ayudas y subvenciones”, de modo que solo unas 15 o 20 del centenar de urbanizaciones que empezaron el proceso de regularización lo han terminado.

El informe ha sido elaborado por la Asociación Catalana de Municipios (ACM), la Federación de Municipios de Catalunya (FMC), el Colegio de Abogados de Barcelona (Icab) y varias universidades.