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Fomento proyecta el refuerzo del parque de viviendas públicas

La Junta destinará más presupuesto y mejorará la gestión de los 81.000 pisos

La consejera andaluza de Fomento y Vivienda, Elena Cortes, de Izquierda Unida.
La consejera andaluza de Fomento y Vivienda, Elena Cortes, de Izquierda Unida. EFE

El nuevo plan de vivienda y suelo concertado que prepara la Junta para el periodo 2013/2017 incluirá como novedad un paquete de intervenciones en el parque público de casas propiedad de la administración autonómica, unas 81.000, que hasta ahora nunca han sido tenidas en cuenta en los programas de planificación. El propósito del equipo de la consejería de Fomento y Vivienda que dirige Elena Cortés es reforzar este parque con actuaciones de conservación y rehabilitación; acentuar el trabajo de integración social y, sobre todo, una mejora de la gestión. “Tiene que tener más presupuesto, mejor mantenimiento y dignificación”, afirma la secretaria general de Vivienda, Rehabilitación y Arquitectura, Amanda Meyer. Actualmente el mantenimiento de este parque cuesta en torno a 10 millones de euros anuales. La Junta ha propuesto al Gobierno que las viviendas públicas queden exentas del IBI.

Igualmente se va a reordenar la normativa por la que se rigen ahora estos inmuebles para unificar criterios sobre uso de las comunidades de vecinos, derechos y obligaciones de los inquilinos y regulación de las ventas, sobre los que ahora hay una gama muy heterogénea.

Estatuto del arrendatario

Uno de los proyectos es elaborar un estatuto del arrendatario público. Hasta ahora por ejemplo hay diferentes obligaciones y derechos en función de si el inquilino lo habita en régimen de estricto alquiler o tiene un contrato con opción a compra o un acceso diferido a la propiedad (estos dos últimos tienen que hacer frente por su cuenta a reparaciones o desperfectos). Estas variaciones de régimen afectan por ejemplo al funcionamiento de las comunidades y repercute en el mantenimiento de los edificios. La Consejería de Fomento en principio pretende parar la venta de estas viviendas, y reservar la titularidad pública de todas ellas, aunque respetará los acuerdos ya firmados. En los últimos años, la propia Junta había llegado a acuerdos con entidades financieras para facilitar créditos o anticipos a los inquilinos que desearan acceder a la propiedad.

“El parque de viviendas de la Junta presta un servicio público de primer orden, indispensable para muchas familias con recursos escasos o limitados que no les permiten acceder al mercado inmobiliario, por lo que es imprescindible mantenerlo y tiene que seguir siendo público para fortalecer este servicio”, afirma Meyer, quien admite que ha estado un tanto “abandonado”, y lamenta que con frecuencia hay un interés por desprestigiarlo. Recalca además las actuaciones de integración que se realizan en algunas de las barriadas con un alto grado de conflictividad y asegura que si bien en algunos casos no se logren los resultados deseados, “hay auténticas experiencias de convivencia maravillosas”

La aprobación del decreto sobre la función social de la vivienda hace un mes situó sobre este parque público los focos de la controversia política por las afirmaciones del PP y de empresarios de la construcción de que la Junta dispone de un importante número de casas vacías. “No existen inmuebles vacíos”, insiste Meyer. “Los que puedan encontrarse puntualmente desocupados lo están como producto de la rotación natural, por el fallecimiento de su titular, y son inmediatamente recuperados y adjudicados de nuevo; y la misma celeridad se procura en aquellos casos en los que los titulares las desocupan o son empleados para fines distintos a los que corresponden”, explica. Actualmente, unas 350.000 personas residen en las 81.000 viviendas del parque público de la Junta. De estas casas de promoción pública, 46.000 están ocupadas en régimen de arrendamiento. Las otras otras 35.000 están en la modalidad de compraventa. Bien con la titularidad traspasada ya a sus inquilinos que la abonan en un pago aplazado con un importe mensual no muy superior al del alquiler; o bien se mantiene la titularidad pública con una cesión del derecho y disfrute hasta que el adjudicatario abone el precio en que se tase. Además de unificar los regímenes, Fomento quiere también homogeneizar la gestión en la Empresa Pública del Suelo de Andalucía (Epsa), que ahora mismo es titular de unas 51.000 viviendas, el resto están inscritas a nombre de la consejería.

Alquileres

Los alquileres cuestan entre 25 y 60 euros al mes. La Junta asegura que la percepción de las rentas “se lleva a cabo con una política flexible, a fin de que las familias puedan hacer frente a los pagos, y se tienen en cuenta la situación socioeconómicas, de forma que a veces se disminuyen los alquileres”. La consejería insiste también en que en los casos de morosidad justificada por un sobreendeudamiento y especialmente en las familias en las que hay menores, no se ha producido ningún lanzamiento. Desde el año 2008, se han ejecutado 155 expedientes, de los que el 90% eran porque los ocupantes no tenían título de adjudicación o quienes lo tenían no la ocupaban; y solo 16 casos eran por impago.

Otro de los problemas de estas viviendas es la antigüedad de buena parte del parque. La administración autonómica ha invertido 349 millones de euros en obras de rehabilitación en los últimos diez años, preferentemente en actuaciones de mejora de la accesibilidad (instalación de ascensores), reparación de cubiertas y fachadas y reposición de las redes de suministros. En algunos casos se han ejecutado acciones más ambiciosas como la demolición de las antiguas casas y la construcción de nuevas, como el Cerro del Moro, en Cádiz, o García Grana, en Málaga, con en torno a 20 millones de euros invertidos.

En enclaves con más conflictividad social, se han acometido planes de rehabilitación integral de barriadas, que completa la labor urbanística con un trabajo socio-comunitario. Actualmente se aplican en El Puche y La Chanca (Almería), El Saladillo y La Piñera (Algeciras); Polígono Almanjáyar, Cartuja y La Paz (Granada), Marismas del Odiel (Huelva), Las Lagunillas (Andújar) y Polígono Sur (Sevilla).

El parque de viviendas públicas está repartido de forma desigual por el territorio, y casi la mitad del total se concentra en dos provincias: Sevilla, con 22.000 pisos, y Cádiz con 16.000. Málaga, Córdoba y Huelva superan las 8.000; mientras que Granada tiene 7.700, Jaén algo más de 6.000 y Almería unas 5.000.