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Amnesia popular en Las Turquillas

IU lleva al Senado una moción para la cesión de la finca de la Yeguada Militar

El traspaso fue aprobado e incluso propuesto por el PP cinco veces en Madrid, Sevilla y Osuna

Los jornaleros del SAT plantan melones, sandías y tomates en Las Turquillas horas antes de ser desalojados ayer por la Guardia Civil. Ampliar foto
Los jornaleros del SAT plantan melones, sandías y tomates en Las Turquillas horas antes de ser desalojados ayer por la Guardia Civil.

La memoria política es frágil y el poder genera amnesia. La finca del Ejército que gestiona la Yeguada Militar en Sevilla ha sido objeto de deseo institucional desde 2001, cuando el Ayuntamiento de Osuna, en cuyo término se encuentra la finca, presentó un plan para el aprovechamiento de estas tierras con el apoyo del PP. Desde entonces, hasta cinco plenos locales, autonómicos y nacionales han debatido y aprobado proposiciones — algunas del propio Partido Popular, como la de 2010 en el Seando— para el traspaso de los campos. Ahora, el senador de IU José Manuel Mariscal ha presentado una nueva moción en este sentido y en la que pone en evidencia la desmemoria popular.

El senador del PP por Sevilla y exportavoz del grupo municipal en Osuna, Miguel Ángel Arauz, montó en cólera pública con la última negativa del Ejecutivo de Zapatero a la cesión de la finca: “Este rechazo del Gobierno a los tres acuerdos aprobados en el pleno municipal del Ayuntamiento de Osuna [2001, 2003 y 2008], a una Proposición No de Ley aprobada en el Parlamento Andaluz [2007] y a un pacto entre PSOE e IU en Osuna (...) es un portazo en la cara a los ursaonenses y a los andaluces, por lo que, tras esta respuesta, nos gustaría que este equipo de Gobierno [Ayuntamiento] explicara a los ciudadanos (...) qué va a hacer a partir de ahora cuando su supuesto Gobierno amigo se niega a llevar a cabo sus demandas”.

El primer acuerdo, de hace 12 años, pretendía la cesión de, al menos, un 70% de las tierras e incluso detallaba el programa de explotación de las mismas. Todos los partidos estaban de acuerdo.

La demanda del traspaso íntegro se ha ido arrastrando. El Ministerio de Defensa que dirigía Carmen Chacón también la rechazó. Arauz replicó: “El Gobierno de la nación no ha hecho nada hasta el momento y, lo que es peor, no tiene previsto hacer nada en un futuro. Por ello, desde el grupo Popular continuaremos reclamando y llevando a cabo todas aquellas iniciativas que permitan ceder este importante recurso para el desarrollo de la comarca”.

Pero el grupo Popular ha olvidado esta última parte y, una vez “en el Gobierno de la nación”, ha dejado de “reclamar y llevar a cabo todas aquellas iniciativas” para la cesión de la finca o parte de la misma.

El representante de IU José Manuel Mariscal ha recordado esta contradicción en una nueva inciativa presentada en el Senado y en la que vuelve a demandar la “cesión gratuita al Ayuntamiento de Osuna”, en cuyo término municipal se encuentran las 1.123 hectáreas de Las Turquillas, para poner en marcha una década después el plan de mejora y gestión sostenible acordado por todas las fuerzas políticas.

En la actualidad, ese enorme latifundio, según los datos reflejados en la moción, lo ocupan solo un centenar de caballos y cultivos de secano, principalmente trigo y girasol. Mariscal defiende que la existencia de cuatro pozos permitiría explotaciones más rentables y que generarían más puestos de trabajo.

El Ayuntamiento de Osuna, según la información del senador de IU, ha afirmado que el Ministerio de Defensa propuso la cesión de 20 hectáreas para hacer un corredor verde, un centro de interpretación de la naturaleza y otro de investigación en el espacio natural de las tres lagunas. Posteriormente, el Gobierno se mostró dispuesto a aumentar la superficie a 80 hectáreas para cultivos ecológicos. Osuna disfruta en la actualidad del uso de una parte de Las Turquillas, donde unas 40 personas han trabajado en la cosecha de 7,5 toneladas de espárrago este año.

El grupo político de Mariscal insiste en que lo lógico es explotar el millar de hectáreas con cultivos ecológicos y sociales, que son los que más empleo y valor añadido generan, y cerrar así una década de demandas de todas las instituciones. Según los planes municipales, el latifundio podría dar empleo directo e indirecto a unas 800 personas.

El Gobierno remitió en marzo de 2012 una respuesta sobre las demandas de cesión de las tierras en su totalidad en la que se asegura que la mencionada finca “se encuentra afectada al Servicio de Cría Caballar del Ministerio de Defensa y sigue utilizándose para los fines que la legislación atribuye a este servicio. Por estos motivos, en la actualidad, no se contempla su desafectación

La existencia de una Yeguada Militar tiene más sentido veterinario y ganadero que bélico, ya que su uso para la defensa es marginal y se destina principalmente a fines ornamentales y protocolarios.

En España, el Ministerio de Defensa gestiona cinco yeguadas (Jerez, Osuna, Zaragoza, Ávila y Cantabria), donde se crían, seleccionan y mejoran diferentes razas ecuestres: pura raza español, pura raza árabe, hispano árabe, anglo árabe, caballo de porte español, caballo bretón e hispano bretón y el pura sangre inglés.

En Las Turquillas trabajan medio centenar de personas con razas hispano árabe y anglo árabe, así como con asnos zamoranos, leoneses, andaluces y catalanes.

El Gobierno vuelve a desalojar a los jornaleros

Un grupo de jornaleros del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) comenzó este domingo a sembrar sandías, melones y tomates en Las Turquillas como acción simbólica para reclamar la finca, regenerar la tierra y preparar la “acampada permanente” prevista para este verano. La organización informó de que, pasadas las cinco de la tarde, se dio orden a la Guardia Civil para que desalojara el campo.

En el acto estuvieron los dirigentes Diego Cañamero y Juan Manuel Sánchez Gordillo, parlamentario andaluz de IU. Esta formación reclama Las Turquillas como parte de su proyecto de creación de un banco de tierras: poner a disposición de cooperativas agrarias zonas públicas que ahora no se aprovechan para el cultivo y que podrían generar riqueza y, sobre todo, empleo.

La Junta de Andalucía dispone de unas 20.000 hectáreas de tierras del desaparecido Instituto Andaluz de Reforma Agraria (IARA) que no ha conseguido vender y que serían, junto con otras tierras públicas como Las Turquillas de Osuna, los primeros activos del banco de tierras.

IU y PSOE, que forman el Gobierno andaluz, llevan meses trabajando en el marco normativo, una de las principales dificultades, ya que la adjudicación de aprovechamientos a terceros está regulado en la legislación de contratos del sector público.

La propuesta es que la cesión del uso de las tierras beneficie a los parados de las distintas provincias agrupados en cooperativas o que sean los Ayuntamientos los destinatarios de la concesión y estos ejecute los planes de explotación.

Sin embargo, la legislación exige que las Administraciones garanticen la igualdad de acceso a los bienes públicos, por lo que cualquier ciudadano o empresa podría optar a las tierras o impugnar su adjudicación.

Los adjudicatarios, según los planes, obtendrían un salario en función de los beneficios de la explotación y comercialización de las producción, es decir, no tendrían un sueldo procedente de los presupuestos públicos. Como trabajadores del campo tendrían derecho a los sistemas de protección social previstos, el conocido como PER, y como productores, podrían acceder a las ayudas comunitarias y nacionales correspondientes.

Además, se primarían los canales de venta locales y los cultivos ecológicos, que generan más empleo y son adecuados a la zona y a las características de las tierras.

Esta propuesta fue trasladada al Gobierno por el diputado en el Congreso por IU José Luis Centella. El Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente cerró la puerta a la cesión de fincas del Estado con criterios similares y argumentó que las fincas del Estado “tienen como finalidad principal la conservación del medio natural y el uso y disfrute por los ciudadanos siempre que sea posible”.