La Audiencia Nacional reclama de nuevo que se anule la concesión a Ence

La Audiencia Nacional ha vuelto a condenar a la Administración a que active el expediente de caducidad de la concesión sobre los terrenos en que se asienta la fábrica de Ence junto a la ría de Pontevedra. Una sentencia del 19 de abril da la razón a los planteamientos de la ONG Salvemos Pontevedra, que recurrió judicialmente después de no obtener respuesta en la vía administrativa. La resolución no entra en el fondo del asunto sino que da directamente la razón a la asociación, ya que entiende que en este tipo de casos el silencio de la Administración implica automáticamente que se ampare a quien reclama. El fallo, que no es firme, manda además parar la actividad de la depuradora de de aguas de Praceres (Marín) y su emisario submarino, que dan cobertura a la comarca.

 Esta es la segunda sentencia de la Audiencia Nacional que manda anular la concesión a la pastera. La primera, de mayo de 2011, empleaba un razonamiento parecido y se refería directamente a la planta, que, según Salvemos Pontevedra, había perdido la concesión durante el proceso de privatización de la empresa, con el cambio de siglo. La nueva sentencia llega a la misma conclusión, pero parte de un recurso contra la ubicación de la estación depuradora de aguas residuales de Placeres y del emisario submarino, que la Xunta terminó de construir en 1994. Los magistrados razonan que ambas obras se hicieron en los terrenos de la primitiva concesión de la fábrica, un permiso que databa de 1958, y además entienden que es la propia Administración la que reconoce el hecho.

“Tanto la EDAR [Estación Depuradora de Aguas Residuales] como el emisario submarino se encuentran dentro de la concesión cuyo titular es Ence, en el dominio público marítimo terrestre, sin los debidos títulos concesionales, como se deriva del expediente administrativo y de la contestación del abogado del Estado". La referencia alude a un documento de que el Gobierno central envió al Ayuntamiento de Pontevedra en 2010 en que da las pautas para legalizar la concesión con un plazo de cinco años para ponerla en marcha.

La sentencia supone una nueva victoria para Salvemos Pontevedra, que en sus 10 años de existencia ha atacado desmanes urbanísticos en toda la comarca, algunos sonados, como el edificio del ahora diputado del PP Telmo Martín en plena playa de Silgar, en Sanxenxo. Su máxima aspiración es recuperar para el uso público las marismas de Lourizán, donde Ence no es la única empresa presente. Su portavoz, Francisco Díaz, dice respecto a esta última resolución que la depuradora “se hizo en el único sitio en que no se podía hacer” y responsabiliza del deterioro de la zona a los políticos de todos los partidos. Protesta además por la tibieza del Ayuntamiento pontevedrés, al que acusa de no ser lo suficientemente expeditivo contra la presencia de industrias en el área. La autovía de doble carril a pie de la ría y la nueva variante de Marín, inaugurada el año pasado por la Xunta, inciden a su entender en los mismos errores de planeamiento.

La empresa trató de que la causa no llegase a término apelando incluso a una supuesta irregularidad formal —que la Audiencia no aceptó— sobre el modo en que la ONG decidió internamente presentar el recurso judicial, y adujo que si la depuradora está en situación irregular no solo es culpa suya, sino que resulta “directamente perjudicada”. Tras el fallo, un portavoz de Ence anunció un recurso ante el Tribunal Supremo. La compañía interpreta que el texto “únicamente condena a la Administración a incoar el procedimiento de caducidad, pero no prejuzga su resultado” y recalca que no entra en el fondo de la cuestión. Ni la empresa ni Salvemos Pontevedra prefieren de momento pronunciarse sobre los efectos de la reforma de la Ley de Costas, aprobada ayer, sobre esta cuestión. La nueva norma permite prorrogar las concesiones en dominio público, pero no conceder nuevos permisos.