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La Junta esgrime el plan en La Utopía

Fomento considera que puede aplicar la norma si hay desalojo

Tres vecinas de La Utopía en un balcón del edificio. Ampliar foto
Tres vecinas de La Utopía en un balcón del edificio.

No hace ni un mes que el Gobierno andaluz aprobó el decreto de la vivienda y el texto, cuestionado ahora por la Comisión Europea, se ha convertido ya en una baza para negociar con los propietarios de los edificios ocupados por familias desahuciadas, los conocidos como corralas. A efectos de la aplicación del decreto, la Junta los considera viviendas vacías, por lo que podrían ser sancionados con hasta 9.000 euros por piso. La idea, apuntan desde la Consejería de Fomento y Vivienda, es que la normativa andaluza sirva para disuadir a los dueños de los edificios de ordenar el desalojo de sus vecinos.

El decreto se ha colado en medio de la negociación que mantienen las Administraciones con Ibercaja y las familias que desde hace casi un año ocupan en Sevilla un edificio propiedad de esta entidad, el conocido como corrala La Utopía. Sus 36 viviendas están ahora habitadas por familias a las que el pasado lunes una juez comunicó que dictará una orden de desalojo en junio si no se marchan de forma voluntaria. La amenaza del desahucio obliga a acelerar las negociaciones, en las que, además de los ocupantes y el banco, participan la Junta, el Defensor del Pueblo y el Ayuntamiento.

En este marco, la Consejería esgrime el decreto para presionar a la entidad y lograr un acuerdo. Si se produjera el desalojo, la Junta está dispuesta a iniciar los trámites de inspección para confirmar que Ibercaja no ha puesto a disposición de los ciudadanos las viviendas, lo que daría pie a la multa, señalan fuentes de la consejería.

El decreto prevé sanciones de 9.000 euros para las empresas por cada vivienda que tengan desocupadas durante al menos seis meses. En la Utopía hay 36, por lo que la multa podría alcanzar los 324.000 euros. “El decreto refuerza nuestra posición para alcanzar un acuerdo. Las viviendas están vacías y, por tanto, son susceptibles de sanción”, señalan fuentes del departamento que dirige Elena Cortés (IU).

La Utopía fue de los primeros edificios en ser ocupados y se ha convertido en un símbolo de los movimientos que luchan contra los desahucios. La consejera de Fomento y Vivienda les visitó para darle su apoyo poco después de llegar al cargo y su departamento forma parte de la mesa de negociación constituida en noviembre con Ibercaja para buscar una solución que convenza a todos.

La mesa de negociación no se ha cerrado formalmente, pero Ibercaja la dio la semana pasada por fracasada y ha presentado en los Juzgados de Sevilla una petición de “desalojo inmediato de la totalidad de los ocupantes”. Se lo hizo saber por carta el pasado viernes al defensor del Pueblo Andaluz un directivo de Residencial Murillo, la empresa de Ibercaja que gestiona sus activos inmobiliarios. Según este escrito, la decisión se ha tomado “con pesar, pero con la legitimidad y fuerza moral de quien ha ofrecido, con arreglo a la ley y de buena fe, todo lo que está en su mano para encontrar una solución razonable que atendiera a los distintos intereses en juego”.

Un portavoz de Ibercaja insistió ayer en que “ante la falta de avances” el banco “ha decidido ejercer su derecho para tomar legítima posesión del inmueble”. A las familias que ahora lo ocupan y que necesiten una vivienda, Ibercaja les ofrece acogerse a su programa Llaves solidarias que, bajo la tutela de una ONG, facilita alquileres sociales.

Los inquilinos de la corrala quieren que estos alquileres sean allí y cuentan con que el decreto aprobado por la Junta les ayude a conseguirlo. “El decreto no soluciona el problema de las corralas, pero nos permite cierta capacidad de presión”, señala Juanjo García, portavoz de Utopía. “Esperamos una solución negociada, no nos serviría de nada que sancionaran al banco si desalojan la corrala”, explica García.

La juez que lleva el caso tras la denuncia presentada por Ibercaja tomó el lunes declaración como imputados a 17 vecinos y ha citado al resto para las próximas semanas. Las últimas declaraciones están previstas para el día 28 de mayo y los vecinos temen que, a partir de entonces, la juez marque un plazo corto para que dejen los pisos de forma voluntaria antes de ordenar el desalojo forzoso.

El defensor del Pueblo, a quien Residencial Murillo comunicó su decisión de ordenar la salida inmediata de los vecinos, ha respondido al banco con otro escrito en el que manifiesta su sorpresa por que Ibercaja haya dado este paso sin agotar la negociación y sin cumplir compromisos adquiridos en las últimas reuniones. Entre estos compromisos estaba pendiente una reunión de José Chamizo con el presidente de Ibercaja, Amado Franco.