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La denegación del indulto aboca a dos expresidentes de Ferrocarils a la cárcel

Roig y Herce deben cumplir una pena de 4,5 años de prisión

Los expresidentes fueron condenados por desviar 2,7 millones de las cuentas de la empresa

Enric Roig (i) y Antonio Herce.
Enric Roig (i) y Antonio Herce.

Enric Roig y Antonio Herce han esperado el indulto en vano, pero libres. Ahora, esa libertad expira también. Los dos expresidentes de Ferrocarrils de la Generalitat (FGC) condenados por malversar 2,7 millones de dinero público deberán ingresar en prisión en cuestión de días. Hace tres semanas, el Gobierno central decidió que no iba a concederles la medida de gracia que habían solicitado. La Audiencia de Barcelona les ha comunicado ya esa resolución y debe asignarles un centro penitenciario para que cumplan la pena impuesta por el Tribunal Supremo: cuatro años y medio de cárcel por constituir un fondo de pensiones ilegal para directivos.

El Supremo rebajó ligeramente las penas de prisión que había impuesto la Sección Sexta de la Audiencia de Barcelona. Pero les condenó, además, a ocho años de inhabilitación por prevaricación. Y les recordó que estaban obligados a devolver el dinero malversado. Esto último, sin embargo, no va a ser posible. Roig y Herce no disponen, según fuentes judiciales, de patrimonio suficiente para devolver todo el dinero malversado. Los 2,7 millones —una parte son intereses— fueron repartidos entre una quincena de directivos, que sin embargo no deben resarcir su parte porque Ferrocarrils solo reclama a Roig y a Herce.

La empresa pública de transporte ya ha asumido que no va a recuperar todo su patrimonio. El pasado marzo, el Consejo de Administración de Ferrocarrils aprobó una serie de decisiones para liquidar el patrimonio de sus expresidentes. La compañía llegó a un acuerdo con Roig y se quedará con dos fincas de su propiedad. Herce también ha puesto a disposición sus propiedades, un par de inmuebles que serán subastados. Todos esos bienes, sin embargo, no dan para resarcir ni la mitad del dinero malversado, admiten fuentes judiciales.

Roig fue presidente de Ferrocarrils entre 1993 y 1999. Le sucedió en el cargo, brevemente (hasta el año 2000) Herce, que antes había sido director financiero. Herce tiene ahora 63 años y se encuentra en una situación familiar y personal “muy delicada”, según fuentes cercanas al expresidente. Por esa razón, y para poner orden en sus asuntos, solicitará al tribunal que le dé unos días más de margen antes de pisar la cárcel.

La sentencia que condenó a los exdirectivos considera que ambos urdieron una “trama” para constituir, en 1991, un fondo de pensiones ilegal para directivos de espaldas al consejo de administración y sin ningún tipo de control oficial. Roig y Herce “ambicionaron” un beneficio “muy superior” al de sus salarios. E hicieron partícipes a otros directivos “para enmascarar su ilegal enriquecimiento”. En el juicio, los condenados alegaron que el plan de pensiones solo pretendía evitar la fuga de valiosos directivos al sector privado.

En el caso Ferrocarrils también fue procesado Albert Vilalta, que fue consejero de Medio Ambiente en uno de los gobiernos de Jordi Pujol. Vilalta fue absuelto, pero solo porque el delito había prescrito. La sentencia aclara que, poco antes de ser nombrado consejero, firmó el contrato para constituir el fondo de pensiones con la aseguradora Winterthur. La sentencia concluye que prevaricó, pero “no compartió el enriquecimiento ilícito” del resto de acusados.

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