Dimite el gerente de Servicios Sociales de Tarragona por unos contratos irregulares

El gerente del Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) de Tarragona, Antonio Muñoz, dimitió ayer acuciado por presuntas contrataciones irregulares denunciadas por CiU y PP, en la oposición. El organismo depende del Ayuntamiento, gobernado por el PSC, y en algunos casos las acusaciones recaen en una empresa supuestamente afín al partido.

La polémica, que arrancó en 2010, se centra en la adjudicación de servicios para la inserción y ayuda a inmigrantes. Ese año el Consistorio licitó este servicio por la vía del procedimiento negociado sin publicidad, como prevé la ley en caso de programas cuya dotación no supere los 60.000 euros. El Ayuntamiento contrató a la empresa Iniciatives i Programes S.L (Inipro), con sede en Viladecans (Baix Llobregat), uno de cuyos administradores es Ricard Campàs, que concurrió en la lista de Lleida del PSC a las elecciones al Parlament de 1988.

Los contratos de Inipro fueron prorrogados durante 2011 y 2012 sin seguir la legislación, según han señalado CiU y PP. Fuentes del Consistorio admiten que la práctica fue “irregular”, pero no “ilegal”. “Todos los grupos políticos eran conocedores y tuvieron acceso a la documentación”, explicó ayer la teniente de alcalde de Servicios a la Persona, Victòria Pelegrín.

Un estudio del consistorio detectó  tanto “errores burocráticos” como “disfunciones administrativas” en la conceción

Durante 2011 y 2012, Inipro facturó 137.000 euros al Ayuntamiento.  A raíz de la polémica, el Consistorio encargó un informe, que fue presentado ayer a los partidos de la oposición. Se han detectado tanto “errores burocráticos” como “disfunciones administrativas” en los contratos con la sociedad, señala el documento. Sin embargo, el informe niega errores de gestión o la “más mínima posibilidad de enriquecimiento personal”.

Pelegrín alega que las prórrogas fueron producidas por el incremento de trabajo en el área de servicios sociales. Los equipos del IMSS están “desbordados”, aseguran desde el Ayuntamiento, y citan el caso de la Renta Mínima de Inserción (RMI): los cerca de 600 expedientes vigentes en julio de 2011 se convirtieron en 259 a los inicios del 2012, según sus cálculos. Con todo, debido a las críticas, el gerente del IMSS ha acabado dimitiendo. “Se han generado dudas injustificadas”, afirmó Muñoz, que defendió que la presión diaria en el área de los servicios sociales en Tarragona se ha multiplicado por cinco desde 2007. En cambio, CiU y PP no se contentan solo con el cese del gerente del IMSS y exigen la dimisión de Pelegrín. “En política la responsabilidad la asumen los políticos y no los técnicos. Hacer culpable delante de la sociedad a un subordinado es un acto de cobardía”, concluyeron los dos partidos mediante un comunicado conjunto.