Juicio contra dos padres acusados de intercambiar a sus hijas y abusar de ellas

El juicio contra dos hombres de 39 años acusados de intercambiarse a sus respectivas hijas para abusar sexualmente de ellas ha quedado visto para sentencia en la Audiencia de Sevilla. Los abusos de este sórdido caso, descubierto en 2008, fueron confirmados por las menores y ratificados por los psicólogos que les atendieron tras ser tuteladas por la Junta de Andalucía y separadas de sus familias.

Los dos imputados, cuñados entre sí y de iniciales A. M. y J. P., están acusados de un delito continuado de abusos sexuales  con acceso carnal por acción, al supuestamente violar a la sobrina, y otro por omisión, al permitir que su hija fuera violada, por los que la fiscalía les pide 20 años de prisión. El ministerio público les ha ofrecido rebajar la pena hasta los 10 años, pero los acusados han rechazado la propuesta al considerarse inocentes.

El juicio se ha celebrado a puerta cerrada y las dos menores, de 12 y 13 años, confirmaron los abusos protegidas por unas mamparas para evitar cualquier contacto visual con los acusados. Cuando sufrieron los episodios, entre 2007 y 2008, las niñas tenían solo seis y siete años y sus familias compartían el mismo domicilio, donde criaban a sus ocho hijos.

Durante la vista oral, uno de los abogados ha censurado la investigación del caso y ha preguntado a los técnicos de Toxicología por qué no fueron analizados los vellos púbicos hallados tras la exploración realizada a una de las menores. Dos procesados en el caso, un tío y un vecino de las niñas, no han sido juzgados finalmente tras retirar la Fiscalía de Sevilla la acusación contra ellos. “Lo que en principio parecía una orgía sexual continua, se ha reducido a dos agresiones sexuales”, ha resumido un letrado para restar relevancia al caso. Mientras, las madres de las niñas han sido procesadas por conocer las agresiones y no impedirlas, aunque la fiscalía ha rebajado su petición inicial de 10 años de prisión a solo uno para cada una de ellas. Ambas mujeres están acusadas de un delito de corrupción de menores y abandono de familia.

El caso surgió tras identificar una maestra indicios de maltrato y confirmar los forenses las lesiones. De inmediato, el servicio de protección de menores declaró a los ocho niños en desamparo y prohibió a las familias acercarse a ellos.