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OPINIÓN

Madres y niños robados

El Consell ha tardado un año en crear una Comisión Interdepartamental y en esta no le ha dado ni voz ni voto a las víctimas

El primer domingo de Mayo se celebra el día de la Madre pero muchas personas no pueden hacerlo porque fueron separadas de sus madres nada más nacer y obligadas a vivir una vida diferente. Constituyen el colectivo conocido como “niños robados y adopciones irregulares”, unos 300.000 según estiman las asociaciones, pero que va en aumento. Cuando su médico les pregunta sobre las enfermedades de sus padres no tienen respuesta. Desconocen si entre sus antecedentes figura la hipertensión o el cáncer. Su eslabón biológico ha desaparecido y necesitan encontrarlo. La necesidad de pertenencia les supera y solos no pueden encontrarlo. En su caso, se violaron derechos fundamentales como los recogidos en la Carta de los Derechos del Niño y otras convenciones europeas e internacionales. Son víctimas de un delito que mucha gente cree que se produjo en la posguerra, pero que ha llegado incluso a los años 80 y 90 del siglo pasado. Todas merecen recibir el apoyo de la sociedad y de las instituciones. Pero todavía no tienen este reconocimiento, ni otros muchos.

Las Cortes Valencianas aprobaron en sesión plenaria la Resolución 70/VIII el 7 de Marzo de 2012 en la que se daba apoyo a este colectivo, pero hasta la fecha poco o nada se ha avanzado. Se acaban de archivar 20 procesos judiciales en la provincia de Castellón por falta de pruebas. El larriano “vuelva Vd. mañana” es mera anécdota comparado con las verdaderas dificultades de las víctimas para acceder a las instituciones públicas. Es difícil conseguir los datos del registro civil con todas sus anotaciones marginales, que es precisamente donde está el meollo de su causa. Imposible es que las instituciones religiosas (de donde dependían las maternidades o las casas-cuna) les permitan acceder a sus registros (a los que se niegan incluso por requerimientos judiciales).

Se da la circunstancia de que la Generalitat apoya la moción a la vez que les otorga subvenciones oficiales y reconocimientos. Las víctimas deben obtener la historia clínica, el legajo de nacimiento o aborto, y solo obtienen la respuesta monótona “se los llevó la riada”. Deben recordar todos los detalles del alumbramiento, que se produjo siempre en solitario, muchas veces estando la mujer sedada. Solo tienen la certeza de que el bebé fue separado de inmediato de la madre. Con dificultades acceden a los nombres de los profesionales que atendieron el nacimiento, el juez o notario que firmó el acta de adopción, etc. Inasequibles al desaliento luchan y buscan debajo de las piedras para conseguir los registros de los cementerios. Deben ser capaces de determinar con exactitud el lugar de inhumación de la fosa común, por si, llegado el caso, se exhumara. Su vida se ha tornado sufrimiento para recuperar a su madre biológica tras admitir que la adoptiva, que creían que era la suya, no lo era. Y en su calvario de búsqueda detectan irregularidades en todos los procesos, encuentran el silencio a informar, negativas a pasar pruebas de ADN, a recibirles y escucharles simplemente.

Pero no van a parar hasta que las encuentren, porque tienen el apoyo de sus familias que han sido privadas también de ese hijo, de esa hermana o nieta. Necesitan ayuda profesionalizada porque el tiempo corre en su contra, como la reciente defunción de Sor María en Madrid, imputada por ello. Necesitan orientación profesionalizada sobre los avances conseguidos por ellos mismos a través de las redes sociales, televisión, Facebook, etc. El ministro Gallardón ha anunciado la creación de una Oficina Central de Registros, pero las víctimas no forman parte de ella y necesitan estar presente en el proceso de búsqueda.

Desde el PSPV-PSOE estamos trabajando en las Cortes, en el Congreso de los Diputados y en el Parlamento Europeo para que sean reconocidas como víctimas y puedan tener derechos (a intervenir en el proceso, a ser debidamente protegidos, a presentar querella, a obtener reparación, etc.). En la Comunidad Valenciana hemos solicitado la apertura de una comisión de investigación, que la mayoría absoluta del PP ha impedido. Hemos propuesto que pruebas de ADN se realicen en el laboratorio de Genética del Instituto de Medicina Legal de Valencia y que se acelere la comunicación de los resultados. Más de un año y medio de angustia. El Consell ha tardado un año en crear una Comisión Interdepartamental y en ésta no le ha dado ni voz ni voto a las víctimas, a quienes deriva a las Oficinas de Atención a las Víctimas del Delito, (de 48 han dejado 16 y ni siquiera abren todos los días) y carecen de un protocolo común de atención.

Desde el PSPV-PSOE expresamos nuestra solidaridad y compromiso con las víctimas de niños robados y adopciones irregulares y seguiremos trabajando para que se haga justicia.

Modesta Salazar es portavoz de Mujer e Igualdad PSPV-PSOE en las Cortes Valencianas