El Parlamento devuelve 5,7 millones para ayudar a la Xunta a contener la crisis

En tiempos de vacas flacas el poder legislativo sale a echar una mano al Gobierno gallego. El pasado 22 de abril la Mesa do Parlamento acordó por unanimidad una modificación presupuestaria parar tirar del remanente acumulado durante las últimas legislaturas que suman más de 10 millones de euros y salir en auxilio de la Xunta. Con el apoyo de todos los partidos, la Cámara acordó “devolver al Gobierno gallego” 5.720.526,33 euros “mediante compensaciones con los ingresos pendientes de cobro del mes de diciembre de 2012 y del primer trimestre” de este año. La operación tiene el aval del servicio de Intervención del Parlamento y pasa por aprobar un expediente de crédito extraordinario en las cuentas de este ejercicio.

El procedimiento es sencillo: en lugar de devolver ese dinero al Ejecutivo, la Cámara dejará de recibir la preceptiva asignación para sufragar los gastos correspondientes al mes de diciembre de 2012 y al primer trimestre de 2013. Según consta en el acuerdo, las aportaciones de la Xunta se sustituirán por una partida con cargo al remanente de tesorería que a 31 de diciembre del año pasado era de 10.316.297,9 euros. De ellos 8.407.107,40 euros corresponden a lo que el Parlamento ha ido ahorrando en las últimas legislaturas y 1.909.190,5 euros salen de las cuentas del Valedor do Pobo, un comisionado asignado a la Cámara autónomica. Más de la mitad de los fondos ahorrados en los últimos mandatos vuelven ahora a las arcas de la Xunta sin que el Parlamento gallego haya condicionado su devolución a un uso concreto. Solo durante el año pasado, el Parlamento ahorró 1.603.472,37 euros, según certifica en los documentos a los que ha tenido acceso este diario la presidenta de la institución, Pilar Rojo.

La decisión de transferir esos fondos al Gobierno gallego no fue publicitada y coincide con el anuncio de la Xunta de que tiene previsto llevar adelante su plan de reducción de diputados (de 75 a 61) para trasladar un mensaje de ahorro a la ciudadanía. La idea ya la intentó llevar a cabo al final de la legislatura pasada y suponía reforzar todavía más el peso electoral de Ourense y Lugo, los territorios que tradicionalmente más han votado al PP. Pero finalmente, el presidente Alberto Núñez Feijóo decidió adelantar los comicios y dejar aquella propuesta en el programa electoral. La modificación que había anunciado Feijóo abataría el escaño tanto en la circunscripción de Lugo como en la de Ourense, frente a las provincias atlánticas. Justo en medio de la polémica por la publicación de las fotos que prueban la vieja amistad entre Feijóo y el contrabandista arousano Marcial Dorado, la Xunta intenta virar el debate hacia la reducción de parlamentarios, una medida a la que se oponen el resto de partidos que la consideran una cortina de humo.

Además de Feijóo, también el vicepresidente Alfonso Rueda y otros dirigentes del PP han defendido su plan para situar el número de escaños durante la próxima legislatura en la banda baja de lo que fija el Estatuto de Autonomía, que contempla una horquilla de entre 60 y 80 diputados. Los populares insisten en que la supresión de 14 parlamentarios ahorraría cinco millones de euros en una legislatura, a razón de 1,250.000 euros al año y el verano pasado también apostaban por restringir las aportaciones a los diferentes grupos políticos. Este último aspecto no ha sido enunciado en las últimas semanas cuando la financiación de este partido se encuentra en entredicho tras la aparición de los papeles de Bárcenas que apuntan a otro escandalo en financiación de la formación conservadora. Tanto PSOE como BNG ya habían advertido al final del pasado mandato que estaban dispuestos a propiciar ahorros en la Cámara siempre que no sea a costa de “restringir la democracia”.