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Llera sugiere que Alaya no actúa contra Viera para mantener el ‘caso ERE’

La magistrada prolonga por sexto mes el secreto de la investigación

El País
La juez Mercedes Alaya, en los juzgados sevillanos.
La juez Mercedes Alaya, en los juzgados sevillanos. JULIÁN ROJAS

El consejero de Justicia, Emilio Llera, destacó ayer su sorpresa por el hecho de que la juez Mercedes Alaya no haya imputado al exconsejero y diputado a Cortes José Antonio Viera por su papel en el caso de los ERE. “Es sorprendente que no le haya imputado, que haya mantenido en prisión a Antonio Fernández y sin embargo no imputase a Viera”, declaró en una entrevista en Canal Sur.

Viera es aforado, por lo que su imputación debería decidirla el Tribunal Supremo tras el envío por parte de Alaya de la parte de la investigación que pudiera afectar al político socialista. Llera avisó de que él no considera a Viera “responsable de nada”, a diferencia de la consejera de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, que considera que tanto él como Fernández poseen una responsabilidad política por el escándalo al ser superiores jerárquicos directos del ex director general de Trabajo Javier Guerrero. La posible imputación de Viera “es algo que está en la calle y en los medios de comunicación y es sorprendente que no le haya imputado”, añadió Llera.

El enfrentamiento entre Alaya y la Junta se ha mantenido latente durante casi toda la instrucción, con momentos cumbres y valles en el último año. “Si Alaya tomara esa decisión con una persona aforada pierde la competencia para seguir instruyendo”, recordó Llera.

Mientras, la juez ha prolongado otro mes más el secreto de sumario del caso, en vigor desde el pasado 6 de noviembre. La magistrada ha dictado un auto en el que prorroga dicho secreto, que justifica la investigación sobre las “sobrecomisiones” por parte de los intermediarios que participaron en la gestión de los ERE fraudulentos, informó Efe. En la última mitad de año, la Guardia Civil ha investigado a los “verdaderos beneficiarios” de los fondos públicos, algunos de los cuales fueron detenidos en la Operación Heracles, desarrollada en varias ciudades y saldada con la detención de 22 personas.

El secreto de las actuaciones está vinculado a los bufetes Estudios Jurídicos Villasís y Garrigues, según fuentes del caso. “Un punto y seguido a las diligencias de averiguación (...) mucha de la documentación intervenida se encuentra en soporte informático y es claro que del análisis de esta documentación podrán derivarse nuevas diligencias asociadas”, puntualizaba Alaya en su anterior decisión de prorrogar el secreto de sumario.

Por otra parte, el dueño de la consultora Uniter, José González Mata, imputado en la causa, ha recurrido el bloqueo de todas sus cuentas bancarias ordenado por Alaya. “Con ello se va a procurar mi absoluta indigencia y la desaparición de Uniter y otras compañías mercantiles, pero no va a servir a la acción de la justicia”, alega González Mata. La queja del imputado llega tras el bloqueo de 84 cuentas bancarias a su nombre o empresas suyas como Cureña o Ingotor.

González Mata alerta al juzgado de que la drástica medida propiciará que el bloqueo de las cuentas solo beneficiará a los bancos acreedores. “Solo va a propiciar la desaparición de las empresas afectadas y con ella, de su solvencia”, argumenta. El empresario lamenta que no podrá afrontar el pago de luz, agua y las nóminas de trabajadores.

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