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Los socialistas plantean alquilar tres años los pisos en trance de desahucio

La propuesta prevé una “expropiación temporal de usufructo” a los bancos

Los arrendamientos, que pagaría la Generalitat, costarían 700.000 euros al año

Uno de los escraches contra los desahucios celebrados en la ciudad de Valencia.
Uno de los escraches contra los desahucios celebrados en la ciudad de Valencia.

La Generalitat se convertiría en un “agente de intermediación preventiva para evitar los desahucios”, explicó el secretario general del PSPV-PSOE, Ximo Puig, que este martes presentó una proposición de ley que prevé, en el caso de que no haya acuerdo, la “expropiación del usufructo” durante un periodo de tres años, prorrogable a otros dos, de las viviendas en trance de desahucio, de manera que el banco mantenga la propiedad pero los ciudadanos o familias afectadas puedan seguir en sus casas en régimen de alquiler. Un alquiler de cuyo pago se subrogaría el Consell a la espera de que los afectados pudieran hacer frente a la deuda hipotecaria para completar la adquisición de la vivienda, cuyo precio sufriría una quita del 50%.

La iniciativa, descrita por Puig como una “ley de defensa de la función social de la vivienda”, se concreta en una modificación de la Ley de la Vivienda de la Comunidad Valenciana para evitar que “la considerada vivienda habitual de las valencianas y valencianos siga siendo un bien sometido a especulación”, según recoge el texto registrado en las Cortes Valencianas.

Puig explicó que se trata de una medida que “va más allá” de lo que se ha dispuesto en otras comunidades autónomas, como Andalucía, ya que “plantea actuar desde el Gobierno valenciano antes del desahucio” para propiciar un acuerdo a tres bandas y no cuando este ya es inminente. El líder de los socialistas valencianos dijo que la Generalitat ha de ejercer sus obligaciones respecto a una competencia exclusiva como es la política de vivienda y “no estar, como ahora, con los brazos caídos” ante los valencianos “abocados a la exclusión social”.

Contra desahucios

Contrato. La Generalitat propiciará, al instarse la ejecución hipotecaria, que el banco firme un contrato de arrendamiento con opción de compra con el afectado. El Consell se hará cargo del alquiler, cuya cuantía quedará limitada legalmente. Y el afectado pagará parte de ese alquiler al Consell o quedará exonerado en casos extremos.

Expropiación de usufructo. Si las partes no llegan a un acuerdo, la Generalitat procederá a la “expropiación forzosa del usufructo de la vivienda”. Será una medida temporal, por un periodo de tres años prorrogable a otros dos.

Requisitos. Se considerará especiales circunstancias de exclusión o emergencia social, y tendrán derecho a acogerse a las medidas, aquellas personas sometidas a procedimientos de ejecución hipotecaria por impago del préstamo de su vivienda “habitual y permanente”, que no tengan otra propiedad, que hayan sufrido un “importante menoscabo” respecto a las condiciones del momento en que se le le concedió el préstamo, y siempre que el conjunto de ingresos de la unidad familiar “no supere tres veces el valor del indicador público de renta de efectos múltiples”.

El procedimiento “se activa en el momento en que el banco interpone demanda hipotecaria”, explicó la diputada autonómica María José Salvador, que es también responsable de vivienda en la ejecutiva del PSPV-PSOE. Para evitar el desalojo, se buscaría un acuerdo a tres partes para establecer un contrato de arrendamiento con derecho a compra. La proposición de ley prevé que se aplique el decreto sobre saneamiento del sector financiero que establece una quita del 50% del precio en el caso de la primera vivienda. La Generalitat se subrogaría el alquiler, definido por la doceava parte del 3% del precio reajustado de la vivienda. Y el arrendatario, a su vez, pagaría al Consell una parte de ese alquiler que no podría superar el 25% del total de ingresos de la unidad familiar. En el caso de imposibilidad económica, la familia podrá ser exonerada también de ese pago, previo informe de los servicios sociales.

La diputada puso como ejemplo que un piso escriturado en 120.000 euros pasaría a costar en caso de desahucio 60.000 euros, la Generalitat pagaría un alquiler de 150 euros mensuales al banco, lo que supone 1.800 euros anuales (5.400 euros en tres años). Dado que, según los datos notariales, en 2012 hubo 7.046 desahucios de vivienda habitual en la Comunidad Valenciana, el coste para la Generalitat sería de unos 700.000 euros anuales, una cifra que los socialistas consideran “asumible” Podrían beneficiarse de esa política el 60% de los afectados por procesos de ejecución hipotecaria.

Para evitar fraudes o abusos, la propuesta establece unos requisitos que pasan por que se trate de la residencia “habitual y permanente”, explicó Salvador, que ningún otro miembro de la unidad familiar tenga vivienda en propiedad y que el pago de la hipoteca suponga más de los dos tercios de los ingresos familiares.

La iniciativa plantea también medidas de choque como la creación de un registro de viviendas deshabitadas, el derecho de tanteo de la Generalitat sobre las viviendas en venta de los bancos, un régimen sancionador para “viviendas vacías de bancos y sus filiales o de entidades de gestión de activos”, que podrían ver duplicado el IBI, y un régimen de incentivos para particulares, con bonificaciones y ayudas a la rehabilitación.

Se trata de que la Generalitat actúe “en el ámbito de sus competencias, como la política de vivienda y la acción contra situaciones de emergencia social”, precisó Eugenio Burriel, presidente de la Comisión de Infraestructuras, Territorio y Vivienda del PSPV-PSOE. “No puede alterar el régimen hipotecario”.

“Es una propuesta de gobierno”, señaló Puig, que dijo que su partido, más que en un periodo de oposición, “está en una etapa de pregobierno”.