El PSPV plantea un alquiler con opción de compra para evitar desahucios

El PSPV plantea aplicar en los casos de desahucio por parte de una entidad financiera un contrato de arrendamiento con opción de compra por un periodo de tres años, prorrogable dos años más,  en el que la Generalitat se haría cargo de parte del pago durante este tiempo, con unas condiciones predeterminadas. En caso de que no hubiera acuerdo, se procedería a la expropiación forzosa para que el propietario pueda vivir en la vivienda durante este periodo, según la propuesta.

El secretario general del PSPV, Ximo Puig, acompañado de la secretaria de Vivienda y portavoz del área en el Grupo Parlamentario Socialista, María José Salvador, ha presentado en rueda de prensa esta propuesta de Ley de Defensa de la Función Social de la Vivienda, que ya han registrado en las Cortes, y que calcula que beneficiarán a cerca del 60% de los afectados.

Puig ha destacado que se trata de evitar los desahucios de forma "preventiva" en una comunidad en la que se registran 19 alzamientos de viviendas al día, la segunda comunidad con mayores cifras de España, recurriendo para ello a las competencias que tiene la Generalitat recogidas en su Estatuto.

Para ello, ha explicado Salvador, este procedimiento se activaría "justo en el momento" en el que se interponga la demanda de ejecución hipotecaria por la entidad financiera. Entonces el propietario demandado informaría a la Generalitat, para que esta notifique al banco las condiciones que tendrá ese contrato, que sustituiría a la anterior relación entre la entidad financiera y el propietario deudor.

Las condiciones de este contrato estarían marcadas por ley. Así, el precio del inmueble se fijaría de acuerdo al decreto sobre saneamiento del sector financiero, que para primera vivienda prevé una quita del 50%. La Generalitat participaría en el contrato obligatorio subrogándose en el pago del alquiler a la entidad financiera con una renta mensual marcada por la doceava parte del 3% del precio reajustado de la vivienda.

Por su parte, el arrendatario abonaría a la Generalitat Valenciana una parte del alquiler que no puede superar el 25% del total de los ingresos de la unidad familiar, y en ningún caso la cuantía abonada por el Consell. Además, con informe favorable de servicios sociales se podría exonerar al afectado del pago.

Salvador ha puesto un ejemplo práctico de que una vivienda escriturada por 120.00 euros en caso de desahucio pasaría a costar 60.000 euros. De este modo, la Generalitat pagaría un alquiler de 150 euros mensuales durante tres años, lo que supondrá unos 5.400 euros en tres años, mientras que el arrendatario abonaría una cantidad que no supere 25% de los ingresos totales de la unidad familiar, se quedaría en el piso y a los tres años podría ejercer opción de compra.

Pasado este tiempo, se podría renegociar una prórroga pero no se pueden establecer medidas más a largo plazo porque sería alterar el régimen hipotecario y la Generalitat no tiene competencias, según ha especificado Eugenio Borell.

Sin embargo, en el caso de que no se firme este contrato se procedería a la expropiación forzosa del derecho de usufructo temporal de la vivienda, por un periodo de tres años por parte de la Generalitat Valenciana. En esta situación, la Generalitat pagaría al banco un justiprecio del 2% anual, y el arrendatario procedería a abonar una cantidad en concepto de alquiler no superior al 25% de los ingresos de la unidad familiar, y en ningún caso esta cantidad superaría el 50% de la cuantía del justiprecio.

Además de este plan de choque, el anteproyecto también plantea medidas estructurales como ampliar el ejercicio del derecho de tanteo por parte de la Generalitat Valenciana a estos supuestos, además de para los casos de VPO o VPP que ya estaban previstos en la ley. Estas viviendas pasarán a formar parte del patrimonio público y serían cedidas a los Ayuntamientos para su gestión.

Además, para dar salida a las 150.000 viviendas vacías que se calcula que hay en la Comunidad Valenciana, el PSPV propone un régimen sancionador para las que sean propiedad de entidades financieras, como aplicarles el duplo del IBI, mientras que proponen incentivos a las que sean de particulares.