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Gipuzkoa ofrecerá asistencia jurídica gratuita a los afectados por desahucios

La Diputación y el Colegio de Abogados firman un convenio para proteger los derechos de los ciudadanos contra un "sistema financiero abusivo"

Lurdes Maiztegi en la firma del convenio en la Diputación de Gipuzkoa.
Lurdes Maiztegi en la firma del convenio en la Diputación de Gipuzkoa.

La Diputación Foral de Gipuzkoa y el Colegio de Abogados de la provincia han firmado este martes un nuevo convenio “innovador y experimental” que tratará de amparar a aquellas personas que se vean envueltas en una situación de desahucio. El programa afirma ser innovador porque ofrecerá asesoramiento jurídico previo, antes de que se produzca cualquier altercado y con intención de evitar males mayores. Brindará, de la misma manera, asistencia jurídica gratuita a las personas afectadas.

El diputado general de Gipuzkoa, Martín Garitano, la decana del colegio de abogados, Lurdes Maiztegi, y el diputado de Política Social, Ander Rodríguez, han sido los encargados de presentar este convenio, que contará con una subvención de 60.000 euros que concederá la institución foral al Colegio de Abogados.

Rodríguez ha indicado que la Diputación pretende defender “los derechos fundamentales de aquellas familias que no tienen para satisfacer sus necesidades básicas” y ha asegurado que "la dictadura del sistema neoliberal y de los Gobiernos que protegen con sus leyes a los poderes económicos nos ha llevado a una situación insostenible".

Maiztegi ha hecho hincapié en que se trata de un convenio experimental pero que se tratará de “mejorar y avanzar”. Ha explicado que está destinado a “personas en riesgo de exclusión social” y que los requisitos para poder beneficiarse del mismo son el que exista un riesgo de pérdida de la vivienda única y que el afectado sea un deudor de buena fe.

Garitano ha indicado que frente a la situación que se vive actualmente en Gipuzkoa, en la que se han dado “depresiones e incluso suicidios”, el convenio “tenía que firmarse con carácter urgente”.

El mandatario ha explicado que el proyecto ha sido fruto de la colaboración entre varias entidades, y busca “proteger a la ciudadanía de los abusos del sistema financiero para proteger los derechos humanos”. Garitano ha añadido que tratarán el problema desde su origen, y que estarán del lado de los ciudadanos y no de los bancos y de un sistema basado en el enriquecimiento y apoyo a las entidades bancarias, que es lo que ha provocado esta crisis.