Los condenados del ‘caso Pallerols’ eluden la prisión en espera del indulto

Los tres condenados por el caso Pallerols, que acreditó la financiación ilegal de Unió Democràtica a través de cursos de formación para parados, no pisarán la cárcel. Al menos, durante un año. La Audiencia de Barcelona ha acordado suspender el ingreso en prisión del ex secretario de Organización del partido, Vicenç Gavaldà; del ex director de Trabajo de la Generalitat, Lluís Gavaldà, y del empresario andorrano Fidel Pallerols mientras se tramita su petición de indulto, sobre el que debe decidir el Gobierno.

Los hermanos Gavaldà y el empresario aceptaron, el pasado enero, penas de prisión inferiores a los dos años de cárcel. Como carecen de antecedentes y devolvieron el dinero del que se apropiaron, todo hacía pensar que quedarían en libertad. De ahí que aceptaran un pacto con la fiscalía a cambio de admitir los hechos y que parte del dinero (400.000 euros) se destinó a financiar al partido que dirige Josep Antoni Duran i Lleida. La Sección Segunda de la Audiencia de Barcelona, sin embargo, no concedió la suspensión de la pena, con el argumento de que el ingreso en prisión de los tres condenados serviría de “ejemplo” para prevenir nuevos casos de corrupción política.

Tras presentar un recurso que tampoco prosperó, los abogados de los tres condenados solicitaron el indulto. Y pidieron a los magistrados que suspendieran el ingreso en prisión mientras el Ministerio de Justicia decidía si concedía la medida de gracia. En un auto dictado el jueves pasado, la Audiencia de Barcelona acepta suspender la ejecución de la pena de prisión. Con dos argumentos. El principal es que las penas impuestas son tan cortas que, si se les obliga a cumplirlas y después reciben el indulto, “la finalidad perseguida pudiera resultar ilusoria”.

La existencia de “dilaciones indebidas” es el segundo motivo que alegan los magistrados. La estafa se remonta a 1994 y se prolongó hasta 1999. Ese año comenzaron las investigaciones de la fiscalía y el juez, que concluyeron cinco años después. Desde entonces y hasta el pasado mes de enero, se han sucedido multitud de vicisitudes judiciales —recursos, archivos, reaperturas— que han retrasado la resolución del caso Pallerols, que por primera vez en la historia judicial española ha acreditado la financiación irregular de un partido político.

La sentencia aceptada por las partes —incluida Unió como responsable civil— concluye que Pallerols desarrollaba “cierta actividad política” en torno al partido democristiano. Sus empresas recibieron ayudas de la Generalitat para organizar cursos de formación ocupacional. Parte del dinero se destinó a la compra de material y mobiliario para las sedes de Unió, así como a pagar nóminas de militantes. Estos figuraban como empleados de las academias de Pallerols, a pesar de que no desempeñaban ningún trabajo.

El destino de los tres condenados a penas de cárcel está ahora en manos del Gobierno de Mariano Rajoy, que deberá darse prisa si pretende conceder la medida de gracia. En su auto, la Audiencia de Barcelona advierte de que podrá acordar su ingreso en prisión “si transcurriese un año sin haber mediado resolución por el Gobierno de la Nación”. Los magistrados recuerdan que la ley permite entender que el indulto ha sido desestimado si, pasado ese tiempo, no se ha tomado ninguna resolución. La fiscalía, artífice del pacto a penas mínimas de prisión con los condenados, no recurrirá la decisión del tribunal.