El Consell avaló al Valencia sin informes técnicos y de interés social

El aval de la Generalitat a la Fundación de Valencia Club de Fútbol para el crédito de Bancaja, que acabaría convirtiéndola en máxima accionista, no contó con informes técnicos que respaldaran el interés económico o social de la maniobra. La operación, que se formalizó en agosto de 2009 por 75 millones de euros y se amplió en noviembre de 2010 a 81 millones para que la Fundación pudiera hacer frente al pago de seis millones de euros del primer plazo del préstamo, ha acabado enredando al Consell en los problemas de viabilidad del equipo de Mestalla, del que se ha convertido en propietario indirecto. Pese a que esa situación vulnera la normativa de la competencia, por lo que una sentencia declaró nulo el aval, el recurso de Bankia ante esa resolución hace que la Generalitat siga siendo responsable de la millonaria deuda.

El Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) otorgó el aval, cuando estaba dirigido por Enrique Pérez Boada y el presidente de la Generalitat era Francisco Camps, sin informes técnicos que justificaran la operación. La mitad de la Fundación del Valencia Club de Fútbol quedó integrada por patronos designados por las instituciones y la otra mitad por representantes del club. Sin embargo, el contrato del aval entre el IVF y la Fundación, fechado el 3 de diciembre de 2009, y firmado por Pérez Boada y el entonces responsable de la Fundación, Társilo Piles, estableció que esta última se obligaba a “obtener autorización previa del IVF para designar los patronos representantes del Valencia Club de Fútbol Sociedad Anónima Deportiva”. Lo que suponía el veto a la otra mitad de patronos que no controlaba el Consell. También se comprometió a “solicitar la autorización del IVF a la designación y cese de miembros de la comisión ejecutiva del patronato de la Fundación” y a “remitir cualquier información relacionada con el Valencia Club de Fútbol SAD y la Fundación que el IVF solicite, en particular las cuentas anuales de cada ejercicio y, en su caso, el correspondiente informe de auditoría”.

En otras palabras, el Consell, a través del IVF, se hizo con la tutela absoluta del Valencia, además de asumir la deuda del préstamo en caso de impago y, por tanto, el control efectivo de la mayoría de las acciones del club. De hecho, la ampliación del aval, que fue firmada el 18 de noviembre de 2010 ya por Jorge Vela como director del IVF, establecía que, como garantía del mismo, el IVF “ostentará prenda sobre las acciones del Valencia CVF SAD, que titule el avalado por consecuencia de la suscripción de acciones en la ampliación de dicha sociedad”.

Eso fue en noviembre y el contrato se firmó pese a que la operación no encajaba en los criterios del “reglamento regulador de la características y condiciones generales de las operaciones de riesgo de crédito” cuya modificación aprobó unos meses antes, el 30 de junio de 2010, la comisión de inversiones del IVF, presidida en representación del consejero de Hacienda por Luis Lobón, entonces secretario autonómico. Según ese reglamento, la actividad del IVF en materia de garantías al sector privado “estará orientada a garantizar proyectos empresariales considerados estratégicos para la Comunidad Valenciana”.

Se entiende por proyectos estratégicos, dice el reglamento, los que “promuevan la creación intensiva o el mantenimiento de puestos de trabajo, especialmente en los municipios rurales del interior”, los “proyectos vinculados a grandes eventos e iniciativas promovidas por la Generalitat”, los “proyectos que supongan la atracción o el mantenimiento de inversiones de carácter estratégico en la Comunidad Valenciana”, los “proyectos vinculados a la construcción de infraestructuras públicas, y “cualquier otro proyecto, clasificado por la comisión de inversiones de especial interés económico y/o social para la Comunidad Valenciana”.