El Club de Campo amplió su vida hasta 2034 sin permiso del Ayuntamiento

El Club de Campo Villa de Madrid es una empresa municipal que funciona como si no lo fuera, gestionando unos terrenos públicos para beneficio exclusivo de sus socios. La lista de irregularidades cometidas en los últimos años es larga, pero quizá la más ilustrativa de cómo algunos miembros del Ayuntamiento lo han administrado como su cortijo particular sea la que afecta a la naturaleza misma de la empresa.

Según el acuerdo del Pleno municipal adoptado en 1991, el club debía volver a manos del Ayuntamiento en 2025. Sus instalaciones revertirían entonces en la ciudad, y podrían ser usadas por todos los madrileños. Sin embargo, apenas unos meses antes de las elecciones municipales de 2003, el club decidió por iniciativa propia alargar su concesión nueve años más, hasta 2034, sin contar para ello con el refrendo del Pleno municipal, al que correspondía legalmente la decisión.

El Club de Campo ocupa 195 hectáreas (el 12%) de la Casa de Campo, un monte de la realeza que fue cedido a la ciudad el 1 de mayor de 1931, apenas dos semanas después de la proclamación de la II República. Los terrenos fueron entregados al Ayuntamiento “para uso y solaz de los madrileños”. Pero la Guerra Civil lo cambió todo: sobre las trincheras se construyó un campo de golf; y el régimen franquista cedió el uso y disfrute de ese pedazo de la Casa de Campo a una institución privada, la Real Sociedad Hípica Española.

El Consistorio actual señala que, en todo caso, el club podría seguir harta 2025

Esa concesión, realizada en 1941, concluía en 1954, pero se prorrogó 30 años más, hasta enero de 1984. Ya en democracia, y con un alcalde socialista, Enrique Tierno Galván, el Ayuntamiento recuperó los terrenos.

Por entonces, el club era escenario de actos de la alta sociedad, y 7.000 de sus 20.000 socios eran militares. La cuota inicial ascendía a 3.000 euros (por 30.000 se podía comprar un piso de 100 metros). Un alto directivo del club afirmó que, a partir de entonces, “se haría lo que los rojos del Ayuntamiento quisieran”. Tierno Galván replicó: “Lo que los rojos quieren es siempre razonable”.

Al acabar ese plazo, volverá a poder ser disfrutado por todos los madrileños

Lo que los “rojos” consideraron finalmente “razonable” fue constituir una empresa de mayoría municipal que se encargara de gestionar esas instalaciones. Calculaban que, cobrando 120 euros al año a sus 20.000 abonados, podrían mantener el club y abrirlo además al resto de madrileños. El socio ideal para esa empresa parecía ser la Real Sociedad de Hípica, que aportaría las instalaciones construidas con su dinero sobre terreno público durante el franquismo; ese capital se consideraría amortizado al final de la concesión, en 1993. Y así se hizo finalmente, no sin ciertas vicisitudes.

El Ayuntamiento se quedó con el 51% del capital del club, y la Real Sociedad de Hípica con el 49% restante. La decisión fue refrendada por el Pleno municipal; la empresa fue inscrita en el registro mercantil el 14 de febrero de 1985, con duración hasta el 31 de marzo de 1993. Su objeto social era “la explotación como servicio público” del club “para solaz y esparcimiento de los ciudadanos”.

El 30 de enero de 1991, dos años antes de la fecha en la que expiraba la concesión, el Pleno municipal (con mayoría del PP y UCD) amplió su plazo hasta el 31 de diciembre de 2025. Pese a que para entonces se debería haber dado por amortizada ya la participación de la Sociedad de Hípica, se la mantuvo en el accionariado con un 24,5%. El otro 24,5% pasó a manos de Patrimonio del Estado.

La concesión podría rescatarse o ponerse en manos de una empresa privada

En el inventario municipal de zonas verdes, el Club de Campo figura en la actualidad como instalaciones y terrenos cedidos por el Ayuntamiento de Madrid precisamente hasta el 31 de diciembre de 2025.

Sin embargo, en 2003, apenas unos meses antes de que José María Álvarez del Manzano (PP) tuviera que abandonar la alcaldía tras 12 años al frente de la ciudad, el Club de Campo decidió por su cuenta y riesgo, y sin el refrendo obligado del Ayuntamiento, postergar su vigencia hasta 2034. Es decir, mantener esos terrenos públicos para uso exclusivo de sus socios durante nueve años más.

Lo hizo mediante una junta general extraordinaria celebrada el 25 de marzo de 2003, en la que además aprobó varios cambios en sus estatutos que tampoco contaron con el refrendo del Pleno municipal. Se arrogó, por ejemplo, el derecho a construir y explotar nuevas instalaciones sobre terrenos de propiedad municipal o autonómica. Todo ello, con la firma de Álvarez del Manzano, y de los concejales Mercedes de la Merced e Ignacio del Río (PP), entre otros. Pero a espaldas del Pleno, en el que estaban representados todos los grupos políticos, y que era el único con potestad para ampliar la concesión en caso de considerarlo conveniente para los intereses de la ciudad.

Los escándalos en la institución han llevado al PP a plantearse su futuro

El Gobierno municipal actual, presidido por Ana Botella (PP), ha dejado en manos de sus servicios jurídicos la subsanación de este “error”, pero ha recalcado en cualquier caso que la concesión llevada a cabo en 1991 sí es legal, por lo que el club sigue teniendo cobertura jurídica hasta 2025.

La semana pasada, el presidente del club y concejal del distrito de Latina, José Manuel Berzal (PP), insistió sin embargo ante el Pleno en que la vigencia de la empresa se extiende hasta 2034, y se mostró “muy orgulloso” de cómo se había gestionado la institución.

Entre las muchas irregularidades desveladas en las últimas semanas por EL PAÍS, se cuentan: sus edificios (piscina, gimnasio, etcétera) carecen de licencia de funcionamiento, pero el Ayuntamiento permite pese a ello que siga abierto. El club olvidó pagar el Impuesto sobre Bienes Inmuebles y la tasa de basuras hasta este año. Y también hasta este año, ha regalado tarjetas VIP de acceso gratuito a familiares de políticos, miembros de la jet-set, periodistas y hasta al ex tesorero del PP Luis Bárcenas.

Pese al carácter mayoritariamente público y municipal de la institución, los socios del club disfrutan a precio simbólico de unos servicios que para el resto de ciudadanos tienen un coste prohibitivo. El Ayuntamiento se niega a convertirlo en un polideportivo municipal más, o a sacar a concurso su gestión para que lo regente una empresa privada a cambio de un canon. Berzal afirmó la semana pasada, cuando UPyD le conminó a ello, que sería el PP quién decidiría por su cuenta qué hacer.