Un ‘regalo’ de 300 millones de euros

El hospital de Sant Pau recibió en el último Gobierno de Jordi Pujol (CiU, 1999-2003) la mayor donación de sus seis siglos de historia: la propiedad del edificio del nuevo hospital, construido a partir de 2001 e inaugurado en julio de 2009. La Generalitat tomó esta decisión, pese a que el inmueble iba a ser enteramente financiado con fondos públicos —tuvo un coste de 293 millones de euros, casi 500 si se tienen en cuenta los gastos financieros hasta 2032—, y que iba a quedar en manos de la fundación controlada por la Iglesia que gestiona el patrimonio de la institución. De hecho, la millonaria aportación del Gobierno catalán se justificó como su pago para entrar —con un peso minoritario— en la Muy Ilustre Administración (MIA), la histórica institución que desde 1401 lleva el hospital y que estaba hasta entonces formada por el Capítulo Catedralicio y el Ayuntamiento de Barcelona.

La fundación que se quedó con el edificio —conocida en el hospital como la “privada” o la “patrimonial”, véase EL PAÍS de ayer— es la que también atesora una gran cartera inmobiliaria de un millar de edificios, solares, fincas rústicas y naves industriales recibidos a lo largo del tiempo en forma de donativos y herencias para que el hospital siguiera con su labor asistencial. La patrimonial fue creada en 1991 según un modelo que apostó por separar la asistencia médica —que quedó en manos de otra fundación, también creada ese año y conocida como de “gestión”— de los activos inmobiliarios. Sant Pau sumó en 1992 una tercera fundación, dedicada a la investigación, a las dos anteriores. La Generalitat pretende ahora copiar esta separación entre patrimonio y gestión a otros hospitales como el Clínic.

Un grupo de trabajadores y dos sindicatos han denunciado ahora a los responsables de Sant Pau porque las rentas que ingresa la patrimonial —unos 10 millones de euros solo por las fincas urbanas— “no revierten en el fin por el que fueron donados, que es la atención a los enfermos del hospital, sino que se quedan en la propia fundación, que actúa como una inmobiliaria”, según una de las denunciantes, Carme Pérez.

El presidente del hospital, Xavier Pomés, ha declinado contestar a las preguntas de este diario. Pomés sí ha concedido en los últimos días sendas entrevistas a Catalunya Ràdio y Rac1, en las que ha repetido que el hospital se halla en una “situación muy delicada” que pone en “riesgo” su futuro. El presidente de Sant Pau atribuye esta situación a dos hechos. El primero, las denuncias presentadas por esos trabajadores, que están siendo investigadas por el Juzgado de Instrucción 22 de Barcelona y que han destapado un cúmulo de pagos y adjudicaciones irregulares que han llevado al juez a imputar a buena parte de los gestores del hospital en la última década. El segundo peligro sería, según Pomés, la “insuficiente financiación” que Sant Pau recibe de la Generalitat.

El centro incorporó el edificio a su cartera inmobiliaria de un millar de bienes

Se da la circunstancia de que el actual presidente de Sant Pau fue entre 2002 y 2003 consejero de Salud —sucedió en el cargo a Eduard Rius— en el Gobierno de Jordi Pujol que entregó el edificio a la institución.

Pese a las quejas de Pomés sobre la financiación que recibe el hospital, Sant Pau ha sido uno de los centros sanitarios catalanes que más recursos ha recibido de la Generalitat. Además de la financiación del nuevo hospital y del pago anual por sus servicios a la sanidad pública —309,6 millones en 2011—, Sant Pau también recibió en 2007 de forma extraordinaria un crédito de 257 millones de euros del Departamento de Salud para cubrir el déficit generado desde 1991, año de la división del hospital en varias fundaciones.

Pese a poner el contador a cero en 2007, Sant Pau siguió generando nuevos déficits, lo que llevó a la Generalitat a intervenir el centro hace un año por un agujero superior a los 18 millones de euros. Los trabajadores y sindicatos que han presentado la denuncia responsabilizan a la división entre patrimonio y gestión del origen de estos déficits y acusan a la patrimonial de acumular rentas mientras el hospital se ve obligado a acometer duros recortes en sus servicios y en las condiciones laborales de sus trabajadores.