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Un juzgado de Blanes archiva el caso de Can Juncadella

El fiscal de Girona vio claros indicios de delito en la mansión de Lloret de Mar

Las obras de la mansión vistas desde el aire.
Las obras de la mansión vistas desde el aire.

El fiscal de la Audiencia de Girona vio “indicios claros” de un delito de prevaricación urbanística y contra el medio ambiente en la construcción de la mansión de lujo de Can Juncadella, situada en un macizo natural al borde de una cala en Lloret de Mar (Selva). El Parlament de Cataluña pidió por unanimidad paralizar de inmediato las obras el pasado mes de marzo. Pero el titular del  juzgado de instrucción número 5 de Blanes ha decidido archivar el caso contra los dos imputados —la arquitecta municipal y el técnico de la Comisión de Urbanismo de Girona— porque “no se puede concluir” que “pretendiesen amparar” las obras a sabiendas de que eran ilegales.

El juez David Pérez afirma en la interlocutoria que archiva el caso —que llegó al juzgado después de que el fiscal de Medio Ambiente, Enrique Barata, solicitase la imputación de los funcionarios— que “no resulta justificado en modo alguno la actuación arbitraria” de la arquitecta de Lloret. Según el juez, la aplicación de un artículo de la ley de Urbanismo —el 48— para amparar las obras estuvo justificada. Ese artículo se refiere a construcciones “de interés público” en suelo no urbanizable.

Los ecologistas de SOS Lloret lamentaron la decisión, que ahora se puede recurrir

Las obras de la mansión de Can Juncadella están muy avanzadas. La casa, propiedad de un magnate petrolero de Kazajistán, cuenta con 13 suites y 19 baños. En el proyecto ha participado José Maria Crespo, hermano arquitecto del ex alcalde de Lloret de Mar y diputado por CiU, Xavier Crespo, imputado por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) por su presunta relación con la mafia rusa. El magistrado argumenta también que la arquitecta se limitó a continuar la vía abierta por su predecesora y que se amparó en la decisión de la Comisión de Urbanismo de Girona, que determinó que las obras eran legales. El juez tampoco cree que el técnico de este organismo cometiera ningún delito.

El Ayuntamiento de Lloret se apresuró a declarar que la interlocutoria “aleja cualquier sombra de duda” sobre la actuación municipal. Los ecologistas de SOS Lloret lamentaron la decisión, que se puede recurrir. “Estamos sorprendidos. Había muchas evidencias de prevaricación” declaró Juan Carlos Lozano, portavoz