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Una testigo del ‘caso Gürtel’ denuncia a Boadilla por acoso laboral

La empleada municipal asegura que el motivo es haber destapado la trama

“Ya estoy harta, no aguanto más el acoso que llevo padeciendo en el Ayuntamiento. Me están impidiendo realizar mi trabajo”. Con estas palabras describe Ana María Garrido, técnico de Juventud del Ayuntamiento de Boadilla del Monte, la situación que le ha llevado a presentar el lunes pasado una demanda ante el juzgado de lo social de Móstoles en la que reclama la extinción del contrato que mantiene con el Consistorio por acoso laboral. Las razones reales del conflicto, según el escrito: una demanda que interpuso contra el Ayuntamiento en mayo de 2012 por no estar de acuerdo con su sueldo, y testificar en 2010 contra cargos del PP ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid que están implicados en el caso Gürtel.

La demanda incluye supuestas conversaciones entre la empleada pública y su jefe inmediato, Adolfo Arias, concejal de Juventud, de las que se desprende que existen indicaciones de la alcaldía para impedirle sacar adelante el Plan Integral de Juventud, que le habían encargado. Entre ellas, una en las que el edil le comunica a Garrido que el alcalde, Antonio González Terol, le había dado instrucciones para que le siguiera dando de lado y “le diera largas”, diciendo entre otras frases: “Es que al final parece que el mobbing lo hago yo”.

El Ayuntamiento rechaza esta acusación de la denuncia por mobbing de Garrido. Aducen que se la consideró la persona idónea por su valía para encargarle la redacción del Plan de Juventud cuando volvió a su puesto, incluso con un incremento de sueldo. Respecto a las acusaciones de que esta “supuesta situación” deriva del caso Gürtel, recuerdan que el Ayuntamiento se ha desvinculado e, incluso, se ha personado como acusación particular.

Garrido regresó a su puesto en junio de 2011, tras superar una depresión de año y medio, que le provocó las supuestas represalias que sufrió cuando se negó a participar en contrataciones municipales que consideraba irregulares cuando era alcalde Arturo González Panero, implicado en la trama Gürtel. “Hasta prohibieron a gente del Ayuntamiento desayunar conmigo”, relata. Tras la baja pidió una excedencia. “Todavía no me veía con fuerzas para regresar al Ayuntamiento y enfrentarme a las mismas personas”, explica.

Cuando se reincorporó, Garrido se encontraba a salvo. El equipo de gobierno, también del PP, se había renovado completamente tras el escándalo de la Gürtel, que obligó a dimitir a dos alcaldes: Arturo González Panero y Juan Jesús Siguero, su sucesor; al director general del Ayuntamiento, Tomás Martín Morales, y al diputado autonómico y gerente de la Empresa Municipal del Suelo del municipio, Alfonso Bosch. “Decido volver porque hay predisposición de cambio. Solo quería recuperar mi puesto de trabajo”, sostiene. Entra asó en el puesto de técnico de Juventud.

Después de las vacaciones de verano, Garrido comienza a organizar el Plan de Juventud. En ese momento ya había interpuesto la demanda por no estar de acuerdo con la remuneración que recibía al estar ejerciendo las labores de jefa de área. “Esto supuso un punto de inflexión en mi relación con el Ayuntamiento”, sostiene. Pasa el mes de septiembre y octubre, y el concejal de Juventud, rehusa reunirse con ella y no contesta a sus correos electrónicos.

El 14 de noviembre de 2012, lo consigue. Arias le confiesa entonces que recibía órdenes de no despachar con ella, de hacerle el “vacío” y de tener paralizado el plan. La edil empieza entonces a sufrir ataques de ansiedad. Lo que le lleva a interporner la demanda en la que solicita una indemnización de unos 180.000 euros por los daños causados durante todos estos años y por despido improcedente.

 

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