El puerto de Sevilla tramita el dragado del río pese a las dudas legales

El Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Sevilla ha dado este martes un importante paso en la tramitación de la ampliación del dragado del Guadalquivir para que lleguen barcos mayores. Según ha informado el puerto, los consejeros han tomado "conocimiento del proyecto", un paso "previo a su remisión a Puertos del Estado, que debe emitir informe preceptivo".

El puerto lleva desde finales de los noventa intentando sacar adelante esta profundización. Ahora inicia la tramitación final para lograr ampliar unos dos metros el calado del último tramo del Guadalquivir. Lo hace pese a las dudas legales y pese a la oposición de ecologistas, agricultores y los científicos que mejor conocen el estuario.

Para defender su postura —que respaldan el Ayuntamiento, algunos empresarios y sindicatos en Sevilla—, la Autoridad Portuaria se agarra a la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) que el Gobierno central le concedió en septiembre de 2003. La "profundización y ensanche" del canal es "medioambientalmente viable, como recoge la evaluación positiva de la DIA", ha recordado este martes el puerto sevillano.

El problema es que aquella DIA, que otorgó el entonces Gobierno del PP, ha estado en suspenso durante una década por las dudas que surgieron sobre la afección que la ampliación del calado podría tener en Doñana.

Cuando el PSOE volvió a gobernar en La Moncloa, Cristina Narbona, entonces ministra de Medio Ambiente, paralizó el proyecto. En 2005, se constituyó una comisión científica en Doñana para evaluar la ampliación del dragado, que, a su vez, encargó a los investigadores del CSIC Miguel A. Losada y Javier Ruiz un estudio. Ese análisis se concluyó en septiembre de 2010. Un mes después, la comisión científica dictaminó que la profundización no era "recomendable". "Se ha demostrado incompatible con la conservación del estuario y por lo tanto de Doñana", se añadía en el dictamen, que contó con el voto negativo de la Autoridad Portuaria de Sevilla.

Después de aquel pronunciamiento, el ministerio y la Junta de Andalucía asumieron que la ampliación del calado no se podría acometer hasta que mejoraran las condiciones del estuario, algo que no ha ocurrido, entre otras cosas, porque no es algo de lo que se pueda encargar el puerto sevillano en solitario. Tras el dictamen, ambas Administraciones informaron a la Autoridad Portuaria de que las conclusiones de aquella comisión científica habían pasado a ser "condición vinculante de la DIA". En esas conclusiones se pedía que se abandonara la idea de ampliar el dragado por su afección al espacio natural de Doñana. Se recomendaba que, "de mantener la Autoridad Portuaria de Sevilla su voluntad de realizar dicho dragado, inicie un nuevo procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental una vez las condiciones en el estuario hayan mejorado".

Si Puertos del Estado accede a tramitar el proyecto ahora, será el actual Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente el que se tenga que pronunciar y evaluar si, como mantiene la Autoridad Portuaria, la DIA de 2003 es suficiente paraguas para acometer el dragado. De momento, el departamento de Miguel Arias Cañete calla.

La decisión del puerto de seguir adelante con la ampliación ha generado movimientos enfrentados. Por un lado, un importante sector del empresariado de Sevilla y las direcciones provinciales de UGT y CC OO se han mostrado a favor, argumentando, entre otras cosas, el efecto positivo que tendría sobre el empleo.

En el lado opuesto están los regantes que viven del último tramo del Guadalquivir. Temen que el aumento del calado suponga un incremento de la salinidad del río que haga inviable su actividad. Varios centenares de tractores han participado este martes en Isla Mayor (Sevilla) en una protesta convocada por UPA contra el proyecto. Según esta organización agraria, los regantes querían defender con esta protesta el cultivo del arroz, que cuenta con más de 35.000 hectáreas, una producción media de 320.000 toneladas y que da empleo, directa e indirectamente, a más de 5.000 personas. Respecto a este asunto, la vicesecretaria de Territorio, Medio Ambiente y Asuntos Europeos del PP andaluz, Alicia Martínez, ha asegurado que, al final, "habrá un punto de encuentro en que el interés de todos los colectivos que viven de una u otra manera del río se verán resueltos en este proyecto".

Otro actor fundamental son los grupos ecologistas. WWF, que rechaza frontalmente la ampliación del dragado, llevó este asunto a la Audiencia Nacional. La instrucción se mantiene abierta y este grupo ecologista, que pidió la anulación de la DIA de 2003, no descarta reclamar la paralización cautelar del proyecto.