Nuevo registro policial en Ourense en busca de facturas falsas

La Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) de la policía ha vuelto al Ayuntamiento de Ourense esta mañana en busca de facturas y expedientes relacionados con el servicio municipal de ayuda a domicilio, investigado judicialmente por presuntas irregularidades que aglutinarían facturas falsas y desfases contables. Los agentes han practicado registros en la concejalía de Bienestar Social así como en la oficina de gestión económica. La de hoy es la segunda inspección que se produce esta misma semana, tras la practicada ayer por el titular del juzgado de instrucción número dos de Ourense, Antonio Piña, que instruye la investigación.

En el registro practicado esta mañana, el jefe de gestión económica, Benigno Álvarez, prestó “toda su colaboración” ante el apercibimiento realizado por la policía ante una posible desobediencia si no facilitaba los documentos reclamados. De hecho, los agentes fueron derivados directamente desde la concejalía de Bienestar a las oficinas de gestión económica porque los documentos “no estaban allí”. Finalmente hoy fueron requisadas facturas, hojas de liquidación e informes presentes en los expedientes.

Con los dos practicados esta semana, ya son cinco los registros ordenados por el juez en dependencias municipales desde que se destapó el caso. La policía incluso llegó a registrar las unidades de intervención social que el ayuntamiento tiene repartidas por la ciudad y en las que también se guarda documentación. La investigación ha sido obstruida desde el gobierno ourensano en varias ocasiones con el envío de expedientes incompletos o la ausencia de respuesta ante las reclamaciones realizadas por la justicia. Fuentes conocedoras del caso sospechan que se está procediendo a la destrucción de documentación que podría ser relevante para el esclarecimiento de la causa.

La investigación, iniciada tras el pago de dos facturas presuntamente falsas en 2008 revelado por este diario, ha destapado ahora desfases contables entre 2007 y 2011. La UDEV está realizando en la actualidad un conteo de esos desfases que podría superar el millón de euros. Además, una unidad especializada en delitos informáticos analiza en Madrid el ordenador personal de la teniente de alcalde y edil de Bienestar, la socialista Marga Martín, incautado junto al de los empresarios que controlaban la concesión, tras ser destapados correos cruzados con el gerente único en los que se adjuntaban facturas que nunca pasaron por el registro de entrada. Mientras la investigación prosigue. La edil imputada deberá enfrentarse el próximo 26 de abril en un careo judicial a Cristina Fernández, la funcionaria que la acusó de actuar irregularmente a sabiendas con “facturas irreales”. Dos días antes y también en calidad de imputados testificaran Alberto López, gerente único de la empresa concesionaria, y su socio, José Troncoso.