Gracia niega amaños con la firma que hizo la versión del accidente del metro
La exgerente de Ferrocarrils alega que encargó a la empresa “servicios puntuales”
La exgerente de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV), Marisa Gracia, negó este viernes ante la titular del Juzgado de Instrucción número 8 de Valencia haber cometido irregularidades al adjudicar varias campañas de comunicación, sin convocatoria pública, a la empresa consultora H&M Sanchis. Esa firma fue la que aleccionó a los técnicos de FGV sobre la versión que debían mantener en la comisión de investigación que se creó en las Cortes Valencianas tras el accidente del metro de Valencia en 2006, una tragedia que costó la vida a 43 personas y causó 47 heridos.
Fue la segunda vez que Gracia, dimitida el pasado octubre, comparecía por su gestión al frente de FGV. Ya lo hizo hace más de un mes en relación con supuestas irregularidades en la evaluación de concursos para adjudicar contratos a compañías de seguridad en 2007. Entonces también negó haber ordenado que se cometiera ilegalidad alguna. Este viernes alegó que no fraccionó contratos para evitar convocar concurso público sino que encargó a la consultora “servicios puntuales y no continuados”.
De las dos piezas separadas en que la juez ha dividido el procedimiento, la que propició la declaración de ayer es consecuencia de una denuncia de la Coalició Compromís presentada en enero. Sin embargo, la coalición no está personada en la causa. “Pusimos los hechos en conocimiento de la juez”, explicó la diputada Mónica Oltra, quien opina que se cometió una vulneración de la Ley de Contratos del Estado en beneficio de la empresa consultora, mediante “el fraccionamiento reiterado de contratos".
Oltra llevó al juzgado el fraccionamiento de contratos
Algo que puede no ser ajeno al hecho de que H&M Sanchis fuera, como recordó Oltra en la denuncia, la empresa que “preparó y amañó las declaraciones de los técnicos de FGV sobre el accidente del metro más grave de nuestra historia, tanto en el juzgado como en la comisión de investigación, a fin de que mantuvieran una misma versión y no se salieran del guión marcado”. La juez impidió que Gracia respondiera a una pregunta sobre la ausencia de una factura en relación con ese trabajo de aleccionamiento de los técnicos.
La declaración de Gracia coincidió con la divulgación por Compromís de un informe interno de Ferrocarrils de la Generalitat, de 2005, que revela la existencia de problemas en el modelo de los trenes que protagonizaron el descarrilamiento, “muy próximos al final de su vida útil”. Oltra señaló que el informe “demuestra que se ocultó información a la comisión de investigación sobre el accidente”. Por ello, Compromís presentó este viernes mismo una propuesta en las Cortes Valencianas para reabrir aquella comisión, que el PP cerró en tiempo récord sin hallar responsabilidades.
El diputado socialista Francesc Signes dijo que la presencia de la exgerente de FGV en los juzgados demuestra que “existen evidentes claroscuros en el accidente del metro”. El parlamentario recordó que hace muy poco el PP rechazó una iniciativa de su grupo para crear una nueva comisión de investigación “sobre los dos informes de H&M Sanchis en los que se aleccionaba a los técnicos antes de comparecer en la anterior comisión de investigación, se les indicaban las respuestas que tenían que dar y les pasaron 66 nuevas preguntas con la contestación exacta que debían realizar”.
Signes añadió que espera que la comparecencia de Gracia ante la justicia “no sea la única y detrás de ella sean llamados todos los responsables de esta gran mentira para que se empiece a hacer justicia a las víctimas”.
Una rama de tracción “de tecnología ya obsoleta”
El informe, firmado como director adjunto de explotación por Vicente Contreras Bornez, lleva fecha de 15 de septiembre de 2005, diez meses antes del descarrilamiento de un convoy del metro de Valencia con 43 muertos a la entrada de la estación de Jesús. “La rama de tracción y, muy especialmente, el control de la misma es de tecnología ya obsoleta por lo que presenta grandes problemas en su mantenimiento”, señala, “ya que resulta especialmente complicada la obtención de repuestos, siendo este problema especialmente grave en el caso de las tarjetas electrónicas y componentes de las mismas, por lo que FGV debe realizar el acopio de estos elementos, con el consiguiente incremento de costes”.
Compromís hizo público ayer este informe que, según explicó la diputada Mònica Oltra, no se adjuntó a la instrucción judicial que concluyó que el accidente se debió a la excesiva velocidad, ni se llevó a la comisión de investigación de las Cortes Valencianas, que se cerró sin hallar responsabilidades, más allá de la del conductor del metro, muerto en el accidente. El informe advierte de que las 40 unidades de trenes de la serie 3700 que circulaban por la línea 1 estaban “muy próximos al final de su vida útil”, con “corrosión en los elementos de caja” y en los techos de los vagones.
Desde Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana se señaló ayer mismo que las deficiencias que recoge el informe son “carencias técnicas pero en ningún momento guardan relación con la seguridad de los vehículos” y que el informe es “tan detallado” porque debía argumentar la necesidad de una inversión que superaba los 200 millones de euros para renovar los trenes. FGV indicó a la agencia Efe que “no se ha ocultado ninguna información”.
La rama de tracción que el informe califica de “obsoleta”, sin embargo, era una pieza que tuvo que ver con el accidente, indicó Oltra. La diputada comentó que hay “demasiadas irregularidades” en todo lo relacionado con la tragedia de julio de 2006. “Este informe”, recordó la diputada “se elaboró pocos días después de un accidente en la línea 1, el 9 de septiembre de 2005 a la altura de Picanya, que causó 35 heridos. Por tanto, la necesidad de renovar los trenes estaba muy ligada a los siniestros que se producían en unas unidades con tecnología obsoleta, con grandes problemas de mantenimiento y muy próximas al final de su vida útil”.
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