Bankia paraliza un desalojo en Alicante tras las protestas de Stop Desahucios
Otra afectada logra que la entidad no persiga su deuda tras perder su casa
Yolanda Alcolea y Mercedes Cruz viven este miércoles en una situación menos difícil que la que vivían ayer. Yolanda ha conseguido que Bankia paralice judicialmente su desahucio, previsto para esta mañana, y Mercedes que el banco no persiga la deuda que tenía con ella después de que se quedara su casa, según Stop Desahucios y una de las afectadas.
Unos 200 miembros de Stop Desahucios han permanecido desde las 11.00 al lado de estas dos mujeres, en la avenida de Alcoy en Alicante, frente al portal del piso que Yolanda compró con su hermano en 2006. "Nerviosa pero contenta", Yolanda ha celebrado que Bankia detuviera en los juzgados su desahucio, "que aún no tiene fecha". Con 32 años y esta noticia, Yolanda comienza a ver rayos de luz en su cielo después de que consiguiera un trabajo recientemente. "Esto demuestra que con la lucha se puede", ha dicho esta mujer, que la semana pasada se encadenó en una sucursal alicantina de Bankia junto a su novio, con el que convive.
La intención de Yolanda, militante en Stop Desahucios desde el pasado noviembre cuando acudió en busca de información sobre su caso, es que le perdonen enteramente la deuda. Junto a su hermano, tiene una hipoteca de 130.000 euros de la que "no había pagado casi nada". Su esperanza es entregar las llaves y que el banco se desentienda de ella.
Mercedes Cruz también tiene mucho que celebrar. Ella también se encadenó la pasada semana junto a Yolanda en la oficina de Bankia en la Explanada alicantina. Madre de tres hijas de uno, tres y 18 años, el banco ha optado por la no persecución de la deuda, una figura legal que impide el cobro mientras el deudor tenga una situación financiera por la que no pueda hacerle frente.
Stop Desahucio actualmente tramita más de 200 casos semejantes en Alicante capital. Una treintena de ellos corresponden a Bankia. Adicae (asociación de consumidores y usuarios de bancos, cajas y seguros), enarbolando los datos del Consejo del Poder Judicial, ha recordado esta mañana que unas 31.000 familias valencianas están en riesgo de perder su vivienda.
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