La juez archiva la causa penal por el incendio con dos muertos en la M-30

La titular del Juzgado de Instrucción número 21 de Madrid, Mercedes Gutiérrez Suárez, ha dado carpetazo a la causa penal abierta por la muerte de dos trabajadores en un incendio de la M-30. La magistrada entiende que no existe una relación de causa efecto entre el fallo en el sistema antiincendios de esta vía y el fallecimiento de ambos trabajadores, que se colaron en el túnel pese a la prohibición de los bomberos y de la policía. El auto, contra el que cabe recurso, sí acusa de “falta de diligencia” a los responsables del mantenimiento del sistema de agua nebulizada, en este caso, Empresa de Mantenimiento y Explotación de la M-30 (Emesa).

La magistrada ha decretado el sobreseimiento provisional “al no tener suficientemente acreditados que los hechos constituyan un delito”. A lo largo de tres folios, hace un relato cronológico de cómo murieron los responsables de Mantenimiento de Emesa Gregorio Camacho Díaz, de 52 años, y Sergio Martínez Pérez, de 36, tras declararse un incendio el pasado 26 de octubre en el pozo número 4 de la M-30. Los dos trabajadores entraron en la zona siniestrada pese a que se lo prohibieron en varias ocasiones “expresa y rotundamente”. “Ambos querían bajar al cuarto de agua nebulizada para activarla y que no se estropearan más equipos”, señala la juez.

Los dos empleados de Emesa murieron al inhalar gases sulfurosos procedentes de unas baterías situadas en la misma estancia: “Cometieron la imprudencia de acceder a la planta siniestrada sin tener en cuenta que, aunque el humo había desaparecido, continuaba la presencia de gases tóxicos. El incendio estaba sofocado y controlado y no parece que exista relación de causalidad entre que el sistema de protección de incendios no funcionara y los dos fallecimientos”, relata gráficamente la magistrada en su auto.

“Por tanto, el fallecimiento se produce pura y exclusivamente por la imprudencia de los propios finados, sin que quepa responsabilidad penal en la ocurrencia de los mismos”, concluye la juez. “Respecto a la falta de diligencia en el sistema de protección contra incendios, sin duda hay una falta de diligencia por los responsables, pues los daños se hubiesen minimizado si estuviera activado el control de incendio por agua nebulizada”, añade.

El Ayuntamiento de Madrid esperará a que el auto de sobreseimiento sea firme. Cuando se cumpla ese plazo, y tal como anunció el delegado Juan Antonio Gómez Angulo en el pleno de 26 de marzo, tiene previsto ejercer “todas las acciones que conforme a Derecho correspondan”, según informaron fuentes municipales. Hasta el momento, no las han concretado, ya que están en fase de estudio. Lo que sí adelantaron las fuentes es que unas las ejercerá la empresa Calle 30 y otras, el propio Ayuntamiento de Madrid. Para ello se basará en las manifestaciones contenidas en el auto firmado por la juez Mercedes Gutiérrez.