Jorge Dorribo, condenado al pago de 25 millones por la quiebra de Innova

El Juzgado de lo Mercantil de Lugo ha condenado a Jorge Dorribo al pago de 25 millones de euros por la quiebra de una de sus empresas, Innova Farmacéutica del Norte. La defensa de Dorribo, principal imputado en la Operación Campeón, ha calificado de "insólita en nuestro ordenamiento jurídico" la sentencia que, además de obligarle al pago de las deudas contraídas por la empresa, también le impone ocho años de inhabilitación para administrar bienes ajenos.

También fueron juzgados en este caso los dos socios de Dorribo en la citada firma, Jaime López y Eduardo Amigo, pero la sentencia solo les impone una condena de dos años de inhabilitación por dejación de funciones y no los hace responsables de la deuda de Innova, porque la juez considera probado que no tenían responsabilidades directas en la gestión. Sin embargo, uno de los abogados que se ocupó de la defensa de Dorribo, el letrado Alfonso Freire, afirma que 'no se entiende cómo a un administrador de hecho se le puede imputar toda la responsabilidad y a aquellos que tienen que velar por proteger el patrimonio, con plenas facultades como administradores, no lo hagan y encima se les exonere de la responsabilidad económica'.

En declaraciones a la agencia Efe, Freire confirmó que la defensa analizará en los próximos días la sentencia y estudiará la posibilidad de presentar un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial. De hecho, recordó que esta sentencia puede ser incluso recurrida, una vez conocida la resolución de la Audiencia Provincial, ante el Tribunal Supremo. Dorribo aún tiene pendiente otra sentencia en el Juzgado de lo Mercantil de Lugo, en este caso por la quiebra de la empresa matriz de su conglomerado de sociedades, la farmacéutica Nupel.

La empresa entró en concurso de acreedores apenas unas semanas después de que Jorge Dorribo ingresase en prisión por orden de la jueza instructora de la Operación Campeón, Estela San José, a causa de su supuesta implicación en una trama para obtener subvenciones públicas de forma fraudulenta.