La Junta impugna la amnistía del Ayuntamiento a las naves de Sandokán

La Junta impugnó ayer la amnistía que el Ayuntamiento de Córdoba aprobó en diciembre y que legalizaba buena parte de las naves ilegales construidos por Rafael Gómez Sandokán. La Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente deshilacha de esta forma el traje a medida que el Consistorio había confeccionado para regularizar buena parte de la mayor infracción urbanística cometida en la capital: la construcción de 40.000 metros cuadrados de almacenes para la empresa Arenal 2000, de Rafael Gómez.

La decisión de la Junta también es un bofetón con la mano abierta a toda la Corporación municipal que votó a favor de legalizar lo ilegal. Pero especialmente a las mejillas de los ediles del PSOE e IU, que votaron a favor. Sus colegas de ambos partidos -que gobiernan coaligados en San Telmo- son los que finalmente han tumbado un proyecto al que dieron luz verde en Córdoba sin abrir la boca y sin dudar en público ni un segundo. No les importó que su voto positivo beneficiase al mayor deudor del Ayuntamiento -Gómez debe una multa de 24,6 millones de euros por construir ilegalmente las naves- ni tampoco dudaron en alinearse con Unión Cordobesa, el partido que Sandokán improvisó poco antes de las últimas elecciones locales y que le aupó a ser el actual líder de la oposición, por delante de IU y PSOE.

Mucho ha llovido desde que se construyeran las naves. Y de ser un empresario que frecuentaba los despachos de la alcaldesa, Gómez decidió presentarse él mismo a alcalde en 2011. A los cordobeses tampoco les pesó que su empresa ya estuviese en la ruina y el nombre de Sandokán manchado por el enjuiciamiento en el caso Malaya de corrupción urbanística en Marbella. Unión Cordobesa arrasó en las urnas y hasta hizo pensar en que la mayoría absoluta del PP estaba en peligro, aunque no llegase a tanto. En todo caso, los cinco ediles que logró, encabezados por el propio Sandokán, pronto empezaron a dar señales de división.

De hecho, solo los dos ediles díscolos de Unión Cordobesa presentes en la votación de diciembre, no votaron a favor del Plan Especial que regularizaba el 62,5% de las naves ilegales de Sandokán. Aunque tampoco votaron en contra. Se abstuvieron. Aquel día, nadie dijo “no” a la amnistía.

Las naves se levantaron durante el mandato de la alcaldesa Rosa Aguilar, entonces en Izquierda Unida. En su mandato se dejó que fuese el mismo Sandokán quien redactase un plan especial que regulase todo el urbanismo de la carretera de Palma del Río y legalizara sus propias naves. El documento redactado por la empresa infractora fue aprobado en el pleno con los votos a favor de IU y PP. Pero la oposición del PSOE y de la Consejería de Obras Públicas llevó el asunto a los Tribunales que lo terminarían declarando nulo en 2008.

En 2010, Aguilar se convirtió en consejera de Obras Públicas. Con ella al frente se coció el nuevo Plan Especial de la Carretera de Palma que se aprobó definitivamente en diciembre y que la Junta tumba ahora nuevamente. El plan permitía que el propietario de las naves, oficialmente, Rafael Gómez, redactase un proyecto de ejecución que derribaría solo 15.000 metros cuadrados de los 40.000 metros cuadrados ilegales que conforman las naves

La Consejería fundamenta su demanda de suspensión de la regularización en dos razones básicas, informa Europa Press. Por un lado, el Plan Especial de la Carretera de Palma del Río -que daría legalidad a las naves- introduce un nuevo uso para las mismas: “industrias y almacenaje incompatibles con el suelo urbano”. Este uso no está permitido por el Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) de Córdoba para el ámbito donde se ubicaron las industrias históricas, calificado como suelo no urbanizable de especial protección de la Vega del Guadalquivir. Por otro lado, dicho Plan establece un nivel de ocupación muy superior al que disponían las edificaciones históricas ubicadas en esta zona, que resulta “no justificado en relación con la protección” de la Vega.

La Junta también considera que el Plan Especial se ha excedido en las facultades que le otorga la legislación urbanística para la regulación de los usos prohibidos y permitidos por el Plan General, debiendo limitarse a “precisar y complementar” sus determinaciones.