La Junta denuncia una “cacería” contra los sindicatos y sale en su defensa

El Gobierno andaluz no se replantea “ni mucho menos” su relación con los sindicatos mayoritarios a raíz de la investigación judicial del caso del fraude de los ERE. El papel de UGT y Comisiones Obreras fue puesto en cuestión por la juez que investiga el caso, Mercedes Alaya, quien en el auto de prisión del exdirector de la aseguradora Vitalia, Antonio Albarracín, asegura que la mediadora ordenó el pago a las centrales de, al menos, 4,2 millones de euros en comisiones. Los secretarios generales de CC OO, Francisco Carbonero, y de UGT, Manuel Pastrana, han negado haber recibido dinero irregular de las ayudas sociolaborales.

El Ejecutivo andaluz no solo mantiene que no hay nada que cambiar con las centrales mayoritarias —con las que firmó el pasado 20 de marzo un pacto por el empleo que también suscribió la patronal—, sino que este martes salió en su defensa ante lo que considera una “cacería” puesta en marcha contra ellas.

Según el portavoz del Gobierno, Miguel Ángel Vázquez, abrir una “causa general” contra los sindicatos es “absolutamente desproporcionado” y “una barbaridad”, por lo que instó a investigar si hay irregularidades, pero sin poner en cuestión el papel de los sindicatos.

La defensa del portavoz se produjo en el turno de preguntas tras el Consejo de Gobierno que aprobó por decreto ley el traspaso a la Consejería de Educación de las competencias y los fondos de la formación profesional para el empleo que hasta ahora gestiona el Servicio Andaluz de Empleo. Pero Educación no absorberá a los cerca del millar de trabajadores que gestionaba esa actividad a través de la polémica Fundación Andaluza para la Formación y el Empleo (Faffe), eliminada por la Junta tras aprobar la reforma del sector público. Esos empleados realizan “tareas administrativas auxiliares”, en palabras del portavoz.

El PP pidió la comparecencia del Gobierno en relación al control y gestión de los fondos de formación ya que, según mantuvo su vicesecretaria de Organización, Ana María Corredera, estas partidas estarían bajo sospechas ya que existen al menos una veintena de casos en los que “personas vinculadas al PSOE” habrían recibido millonarias subvenciones para cursos de formación. El Ejecutivo restó crédito a la denuncia y reclamó al PP que acuda a los tribunales.

Los populares también intentaron minimizar la comparecencia prevista hoy en el Parlamento del presidente de la Junta, José Antonio Griñán, sobre el caso de los ERE, por considerar insuficiente los turnos de los grupos. El socialista acude a petición propia, por motivos de urgencia y para que “no quepa duda” de su disponibilidad a dar expicaciones tras la reactivación judicial del caso, según dijo él mismo la semana pasada. El socialista tomó esta decisión después de que el presidente del PP andaluz, Juan Ignacio Zoido, reclamara su comparecencia en el Congreso por su etapa como ministro de Trabajo.

Griñán preparó su intervención con un equipo de colaboradores, entre los que se encontraban el secretario general de la Presidencia, Máximo Díaz Cano, y el viceconsejero Antonio Lozano. Desde el Gobierno no se quiso adelantar si habrá alguna novedad en su discurso en el que insistirá en no restar gravedad al caso y en defender que ante la corrupción no puede haber “patriotismo de partido”.