“No hay que repartir bocadillos en la calle por la dignidad de las personas”

Neus Munté lleva 100 días al frente del Departamento de Bienestar Social. Exabogada de UGT, no se siente sindicalista, “y menos en el Gobierno de los recortes”. “Gobernamos con recursos muy limitados en uno de los momentos más complicados de la historia de Cataluña. La tremenda crisis económica y social, la ausencia de ingresos y los incumplimientos del Estado nos obligan a llevar a cabo medidas muy duras”. Con dos hijas pequeñas, Munté confiesa que lo peor del cargo es conciliar la vida familiar. “Echo de menos esas tardes compartidas con ellas”.

Pregunta. ¿Los recortes son culpa de Madrid?

Respuesta. Si este país no sufriese un déficit fiscal de 16.000 millones anuales, la respuesta que daríamos desde el punto de vista social sería muy distinta y más eficaz. Obviamente, la caída de ingresos y la destrucción de puestos de trabajo, que genera más vulnerabilidad a muchas personas, no es culpa del Estado. Sin embargo, los ingresos que llegan de Madrid para cofinanciar programas sociales han caído un 92%.

P. ¿A qué afecta?

R. A las políticas de dependencia, los servicios sociales, la ayuda a los discapacitados o el fondo de acogida para inmigrantes. Es un dinero con el que cuentas, pero no llega. Nos obliga a hacer un sobreesfuerzo y a priorizar. Y es complejo, porque hagas lo que hagas tiene gran incidencia en colectivos muy vulnerables.

P. El presidente de la Generalitat, Artur Mas, les pidió diálogo con Madrid. Si existe, ¿qué espera obtener de él?

El Gobierno central sigue una estrategia

R. Las formas existen y son excelentes, pero no se avanza porque no quieren reconocer sus obligaciones económicas, con la Ley de la Dependencia, y competenciales, con la gestión de las subvenciones del 0,7% del IRPF a fines sociales. El Gobierno no debería convocar programas sociales por esa vía, no le corresponde. Solo podemos seguir reclamando la literalidad de las 12 sentencias, la mayoría de Cataluña. También nos avala la moral, somos la comunidad en la que más personas marcan la casilla de la solidaridad en el impuesto de la renta. Se trata de un dinero que no tiene un justo retorno. La diferencia entre lo que se recaudó y lo que no regresó fue de 22,5 millones en 2011. Sobre la Ley de la Dependencia, más allá de lo mal financiada que ha estado desde el origen, la última reforma redujo el 15% las subvenciones de los cuidadores no profesionales y se les quitó la cotización a la Seguridad Social.

P. ¿Hay una estrategia premeditada del Gobierno central para que devuelvan competencias?

R. La estrategia de ahogo existe. Y de asedio. Pero jamás desembocará en un retorno de competencias.

P. Hasta ahora el discurso oficial parece el de “cuanto peor, mejor”. ¿No hacen pagar a los más débiles?

R. No estoy de acuerdo. Hemos hecho mucha pedagogía de la asfixia. Es un problema de tiempo atrás. Hay cuestiones que hemos soportado como hemos podido, mientras no ha habido una crisis económica brutal. La situación es tan real que, en julio pasado, mi departamento no pudo pagar las subvenciones y conciertos a las entidades sociales y mercantiles. Nosotros ya éramos conscientes de que podía ocurrir. Entonces, el resto de la sociedad se dio cuenta de la dependencia respecto al Estado. No es una manía soberanista. En una Cataluña independiente, los más débiles no sufrirían lo que están sufriendo.

P. ¿Cuándo va a devolver la deuda de julio a las entidades sociales?

R. Por desgracia, no tengo un calendario de pagos preparado. Nuestro objetivo es seguir pagando las mensualidades e ir saldando poco a poco la deuda pendiente en cuatro o cinco meses, pero si no lo hemos hecho es porque no podemos. En función de los próximos presupuestos sabremos si podemos jugar con determinadas partidas.

P. ¿Las entidades serían las primeras en cobrar?

R. Presionaré para que así sea. Lo que puedo garantizar es que si llega, cobrarán seguro.

P. Aunque se flexibilice el déficit los ajustes continuarán, ha dicho Mas-Colell. La Generalitat ya no puede recurrir a ventas como las de Aigües Ter Llobregat. ¿Dónde aplicará usted las tijeras?

R. No será de la misma forma. Los ajustes no tendrán ni la magnitud ni la dureza que la que tendrían en otro escenario. El nuevo porcentaje de déficit no resolverá los problemas de la noche a la mañana. Pero inimaginable un objetivo de déficit del 0,7%, que representa un recorte de 4.000 millones. ¿De dónde los sacamos? Es imposible.

P. Antes hablaba de priorizar. ¿Qué líneas rojas no se pueden cruzar?

R. Necesitamos atacar las situaciones de pobreza y de exclusión social, sin olvidar a los dependientes ni a los discapacitados. Por eso impulso un pacto por la pobreza, que cada vez es más heterogénea, diversa y que afecta a uno de cada cuatro niños, una cifra inadmisible.

“Presionaré para que las entidades sociales sean las primeras en cobrar”

P. ¿Cómo se ataca?

R. Hay muchos ejemplos de iniciativas solidarias válidas, porque el tejido social es muy rico y llega donde no lo hace la Administración. En varios municipios de Girona, por ejemplo, existen centros de distribución de alimentos donde las familias necesitadas hacen la compra. Un sistema que da dignidad a los necesitados sin caer en la beneficencia. Iniciativas como el comedor popular de Canaletes, aunque sea bienintencionada, tiene que ser ordenada. No hace falta repartir bocadillos en medio de la calle. Hay que pensar en la dignidad de las personas.

P. ¿La renta mínima de inserción se tiene que recuperar?

R. Su gestión se traspasó a Empresa y Ocupación y la situación no cambiará. Lo que sí hacemos es trabajar de forma conjunta para su reforma, porque el programa es insuficiente económicamente y ha cambiado el perfil de personas que lo recibía.

P. ¿Por qué es inviable la renta garantizada de ciudadanía, que propone una iniciativa legislativa popular?

R. Ahora, con los recursos económicos disponibles, es inviable. No es un no para siempre. Es más un “algún día”. Respecto a la ILP, genera unas expectativas irreales dados los ingresos que tenemos.

P. De enero a diciembre de 2012 se desahuciaron a 19.405 familias. Y hay al menos 80.000 viviendas de entidades financieras rescatadas. ¿Su departamento gestiona una bolsa de viviendas de alquiler social?

R. Las políticas sociales no terminan en este departamento, que no gestiona específicamente este asunto. Además, no creo que lo importante sea quién lo gestiona, sino resolver un problema social de primera magnitud con gran impacto sobre las familias. Y en ese sentido es importante que todos los departamentos de la Generalitat tengan una vertiente social, porque la crisis afecta a todos por igual.

P. ¿Qué medidas urgentes hay en este sentido?

R. Tras la sentencia europea hay que instar al Poder Judicial para que paralice los desahucios si hay cláusulas abusivas. Sin olvidar que la bolsa de viviendas vacías responde a políticas de otras épocas y, en este sentido, las entidades bancarias tienen mucho que decir.