La guerra de las banderitas

La Delegación del Gobierno en Cataluña y algunos Ayuntamientos mantienen desde hace meses un pulso a cuenta de las banderas izadas en los edificios consistoriales. La exdiputada autonómica del PP y ahora delegada, María de los Llanos de Luna, inició el año pasado una cruzada contra los municipios que no situaban la rojigualda en un lugar preferencial del edificio, acompañando a la senyera y a la insignia municipal. El resultado conocido de todo ello han sido al menos 35 denuncias y decenas de requerimientos a los alcaldes que se niegan a izar la bandera española.

Llanos de Luna, que mantiene una gran amistad con la presidenta del PP catalán, Alicia Sánchez-Camacho, se ha convertido en una suerte de enfant terrible para los Ayuntamientos con alcaldes nacionalistas que intentan evitar con todo tipo de argucias legales la exhibición de la bandera española en un lugar destacado del Ayuntamiento.

La cifra de 35 denuncias interpuestas corresponde a la contabilidad que ha hecho la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI), pero podrían ser más. La razón es que ni la Delegación del Gobierno informa de las denuncias que presenta ni todos los alcaldes lo comunican a la AMI.

Un grupo de representantes municipales de Lleida ha llegado a pedir por carta a la presidenta del Parlament, Núria de Gispert que les ampare ante lo que consideran un proceso de “acoso” por parte de Llanos de Luna. El escrito, firmado por seis y alcaldes y siete presidentes de consejos comarcales, explica que la delegada está orquestando “una campaña planificada” contra las corporaciones locales mediante requerimientos y denuncias. Se trata de un sentimiento que se extiende a muchos otros Consistorios catalanes. El último Ayuntamiento que se ha negado a cumplir con el requerimiento ha sido el de Castellfollit de la Roca (Garrotxa).

El temor a las multas

El Consistorio respondió la semana pasada a la Subdelegación del Gobierno de Girona que no podía colgar la bandera por carecer de sede oficial, pues la corporación se reúne temporalmente en una vivienda privada. El motivo es que el Consistorio se encuentra envuelto en un litigio con el antiguo propietario del terreno donde se está construyendo el nuevo Ayuntamiento.

Uno de los primeros municipios en recibir, no uno, sino dos requerimientos de la Delegación del Gobierno para que cumpliera la ley y colocara la bandera en “un lugar destacado” fue el de la pequeña localidad de Gallifa (Vallès Occidental). Si no lo hacían se podían enfrentar a una denuncia por la vía contencioso-administrativa. En respuesta, el alcalde Jordi Fornas (Solidaritat per la Independència) decidió colgar una pequeña rojigualda de juguete en la fachada y hacer ondear la senyera y la estelada en la plaza del Consistorio.

De esta manera pretendían ajustarse a la legalidad y evitar otras consecuencias como la inhabilitación del cargo o la imposición de multas. A algunos Consistorios, como en el caso de Corbera de Llobregat, la Delegación del Gobierno les ha reclamado que hagan ondear la insignia en todos los edificios públicos.

Después de aplicar su imaginativa solución, el Ayuntamiento de Gallifa recibió una denuncia que hacía efectiva la advertencia de los requerimientos. La actuación del alcalde no solo le costó una denuncia, sino también una moción de censura impulsada por CiU, que hizo perder a SI la única alcaldía que tenía en Cataluña.

La ley de banderas de 1981 establece que “cuando los Ayuntamientos y diputaciones o cualesquiera otras Corporaciones públicas utilicen sus propias banderas, lo harán junto a la bandera de España”. También explicita que esta deberá ocupar “siempre un lugar destacado, visible y de honor” y que, si junto a ella se utilizan otras, la de España ocupará un lugar preeminente y “las restantes no podrán tener mayor tamaño”.

Los ayuntamientos

El presidente de la AMI y alcalde de Vic, Josep Maria Vila d’Abadal, explica que la mayoría de los contenciosos están ahora a la espera de resolución judicial. “Hemos presentado la información que nos pedían”, dice.

Evitar “gastar dinero o esfuerzos en una posible causa judicial que con toda probabilidad estaría perdida” fue una de las razones por las que el alcalde de Banyoles, Miquel Noguer (CiU), decidió izar la bandera española el 15 de febrero, día en que vencía el requerimiento de la Subdelegación del Gobierno en Girona. Las banderas española, catalana y europea presidieron el edificio durante tres días, hasta que el Ayuntamiento empezó unas oportunas obras de mejora de la fachada que obligaron a retirar todas las enseñas.

El alcalde no quiere explicar qué pasará cuando acaben los trabajos, pero deberá tomar una decisión sabiendo que está en el punto de mira de la Delegación. Probablemente sucederá después del 15 de abril, fecha en que la Asociación de Municipios por la Independencia ha convocado a su ejecutiva para adoptar una postura común. De entrada, Vila d’Abadal descarta una solución como la de Gallifa y, aunque remarca que no tienen “ningunas ganas” de colgar la bandera, las “amenazas de inhabilitación” podrían acabar obligando a tomar la decisión de izar la rojigualda conjuntamente.