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Alcaldes del PP en Galicia apoyan las movilizaciones de los preferentistas

"A veces oímos cosas que no nos gustan, pero hay que comprender la desesperación de la gente”, admite el regidor de Cangas

Los encierros de afectados por las preferentes de Novagalicia Banco en los ayuntamientos gallegos gobernados por el PP, principalmente en el sur de la provincia de Pontevedra, han derivado en las últimas semanas en una cascada de interrupciones de los plenos municipales que han dejado a los consistorios funcionando al ralentí. Los regidores han tenido una actitud muchas veces ambivalente, mostrando de palabra el apoyo a los afectados, que en algún caso llevan desde antes de Navidad encerrados, pero remoloneando a la hora de presionar en las instancias superiores. Tanto equilibrismo ha desembocado casi siempre en conflictos. En la comarca de O Morrazo —una península que separa las rías de Vigo y Pontevedra— los alcaldes de Cangas y Moaña mantienen, sin embargo, una cierta sintonía con los afectados y se han librado de los abucheos. El regidor de Moaña llegó a encerrarse la noche del pasado miércoles con un grupo de vecinos en el Ayuntamiento. Casi al mismo tiempo, a pocos kilómetros de distancia, en Ponteareas, otro alcalde del PP, Salvador González, abandonaba el Ayuntamiento escoltado por la Guardia Civil entre un estruendo de proteestas de los preferentistas.

El regidor de Cangas, José Enrique Sotelo, cree que el relativo respeto institucional de los afectados hacia él puede deberse a que aceptó hace tiempo que el problema de los perjudicados era gordo. “Desde un principio vimos la gravedad. En un municipio de 26.000 habitantes llegaron a estar en juego en un momento hasta 30 millones de euros", calcula. Cuando la Xunta puso en marcha el mecanismo de arbitraje, que entró en funcionamiento a finales de julio, la plataforma de afectados de la comarca era de las más activas y ya llevaba meses manifestándose. Se registraron en la localidad 1.318 solicitudes de arbitraje de las que todo este tiempo después aún faltan por resolver más de 800. Sotelo calcula que están aún en el limbo unos 20 millones. “En un pueblo como el nuestro esa cantidad implica que quede afectada la propia economía local. Desde el pequeño comercio a la hostelería, los servicios o la construcción”. Así que no tiene problemas en criticar abiertamente la quita anunciada la semana pasada, que de media puede suponer una pérdida del 43% de los ahorros de los afectados, medida con la que “evidentemente” no está de acuerdo.

Sotelo se ha implicado en los gestos. Tomó las uvas de Nochevieja con los afectados, se sumó a las concentraciones ante las oficinas del banco, cedió una caseta a la plataforma y ha prometido apoyo económico para sufragar los gastos jurídicos de quienes decidan acudir a los tribunales. En la vecina Moaña, el alcalde, José Fervenza —diputado autonómico del PP en la pasada legislatura— llegó incluso a llevar pasteles a los vecinos acampados en una sucursal y el miércoles pasó la noche en el Ayuntamiento con algunos de ellos tras suspender de nuevo un pleno municipal, enfundado en la camiseta amarilla que identifica a los miembros de la plataforma. Son gestos que los regidores de municipios más al sur de la provincia ni se plantean, por miedo a enfadar aún más a unas plataformas muy combativas, que acusan al PP de mentir por promover, antes de las elecciones gallegas de octubre, que el arbitraje solucionaría en poco tiempo sus problemas. Así sucede en O Rosal, Tui, Ponteareas o Sanxenxo, donde la alcaldesa acabó echando a los encerrados.

Sotelo se resiste a recomendar nada a sus colegas, pero sugiere aguantar el chaparrón. “Cuando se trata de un colectivo tan amplio es lógico que haya distintas ideologías y eso debe respetarse. Supongo que los preferentistas son mayoritariamente del PP, porque también tuvimos el respaldo mayoritario de los ciudadanos, pero hay gente que no lo es, y tenemos que respetarlo. A veces oímos cosas que no nos gustan, pero hay que comprender la desesperación de la gente”.

 

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