El juez mantiene la imputación de la teniente de alcalde de Ourense

La teniente de alcalde de Ourense y edil de Bienestar Social, Marga Martín, declaró hoy como imputada ante el juez que investiga presuntos delitos en los pagos a la empresa concesionaria del servicio municipal de ayuda a domicilio. Su estado procesal sigue siendo el de imputada. La actuación judicial se inició a raíz de una denuncia interpuesta por el grupo político Democracia Ourensana (DO), tras revelar EL PAÍS el abono de dos facturas presuntamente falsas en 2008. Los investigadores tienen pruebas de desfases de cientos de miles de euros en la facturación entre 2007 y 2011. Por eso se ha encargado un informe a la Policía Nacional que certifique cuál es la cifra exacta de fondos públicos pagados al margen de la legalidad.

La edil socialista está “encantada” de estar imputada. Así lo explicó a los medios tras dos horas de declaración en las que sólo respondió a preguntas de su abogado y a parte de las del juez. “Todo lo que se hizo en este servicio fue legal y transparente” aseveró. Además destacó que “no existen facturas falsas”. Martín recalcó la “transparencia sin irregularidades”, sin embargo el juez instructor tuvo que enviar en tres ocasiones a la policía a dependencias municipales para requisar documentación tras la entrega de expedientes incompletos. Por su parte, José Miguel Caride, el abogado de DO, mostró su sorpresa porque “aquí nadie sabe quién tiene que fiscalizar si las horas de trabajo y desplazamiento son reales”. El letrado tiene claro que “hay un descontrol espectacular en el ayuntamiento”.

Martín ha repetido en reiteradas ocasiones que el pago de las facturas estaba avalado por los técnicos. También hoy. “Todo se hizo de acuerdo con todos los informes técnicos y jurídicos” matizó ante los medios. Sin embargo, el pasado viernes la exjefa del servicio y una técnico descargaron toda responsabilidad en la edil. Durante su declaración descubrieron facturas “que no eran reales” y “advertencias” a la concejala de esas presuntas irregularidades. Además destaparon supuestas firmas falsas en facturas. Una de las técnicos no reconoció como suya la letra estampada en uno de los documentos.

El juez ha imputado a cuatro funcionarias del ayuntamiento, así como a los dos empresarios de Troncoso Saludges Servicios Sociosanitarios, la UTE que gestionó el servicio hasta 2011. A partir de ese año, los socios (José Troncoso y Alberto López) separaron sus negocios y el servicio fue adjudicado de nuevo a López, el gestor económico de la unión temporal empresarial investigada. La concejala Martín intercambió numerosos correos electrónicos con este empresario en los que se adjuntabas las facturas que ahora están bajo el foco de la justicia. La instrucción del caso continuará durante las próximas semanas con la toma de declaraciones a más funcionarios, así como a los empresarios.

La imputación de Martín no es la única que cerca al Gobierno socialista de Ourense. La edil de Urbanismo, Áurea Soto, está imputada en dos casos de presunta prevaricación. El exalcalde, Francisco Rodríguez, tuvo que dimitir tras ser detenido en imputado en la Operación Pokémon. Rodríguez tendrá que declarar el próximo abril en otro caso que investiga la venta, supuestamente irregular, de terrenos públicos a la constructora Copasa. Además, la edil no electa de Personal, Carmen Rodríguez Dacosta, ha sido llamada a declarar tras una denuncia de los sindicatos por supuesta vulneración derechos fundamentales. Por otro lado, Abogacía del Estado ha impugnado ante la Justicia ocho contrataciones presuntamente irregulares realizadas por esta concejala. El PP anunció que la denunciará por prevaricación continuada en cuanto tenga los oportunos informes.