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El fiscal avala la gestión de Sandokán del dinero de Ucor

El ministerio público apela a su condición de edil y diputado

Rafael Gómez, en los pasillos del Ayuntamiento. Ampliar foto
Rafael Gómez, en los pasillos del Ayuntamiento.

La Fiscalía de Córdoba ha archivado los 60 folios de denuncia que el concejal de Unión Cordobesa, Carlos Baquerín, presentó contra el líder y portavoz de esta misma formación, Rafael Gómez, conocido como Sandokán. El edil incluyó en su petición de investigación a dos de sus compañeros de bancada, Juan Miguel Alburquerque y Aurora Aguilar, a los que Baquerín acusaba de haber desviado, sin acreditación y justificación alguna, unos 140.000 euros de fondos públicos destinados a gastos de representación del grupo en el Ayuntamiento de Córdoba y la Diputación.

En su archivo, la fiscal Eva Pérez argumenta que Gómez estaba “legitimado” para realizar dichas operaciones. Unión Cordobesa es el principal partido de la oposición, pero desde el verano vive un cisma interno. Las desavenencias han creado dos grupos que prácticamente ni se hablan. Aunque la formación no se ha roto ni se han producido dimisiones, Sandokán y los dos ediles denunciados van por un lado y Baquerín y su pareja, María José López de la Bastida, también concejal del grupo, van por otro. Las discusiones internas suelen dirimirse en comisaría y en los juzgados.

La denuncia más importante presentada hasta ahora ha acabado con el carpetazo de la fiscalía. En ella, Baquerín afirmaba que se podría estar ante varios delitos de “apropiación indebida, estafa, fraude y falsedad documental”. Sin embargo, la Fiscalía Provincial de Córdoba, que llegó a abrir diligencias, ha determinado que no existe ningún indicio de estos delitos.

La fiscal señala que “del relato de hechos recogidos” en la denuncia “no se infiere la existencia de hechos constitutivos de infracción penal”, en relación con los delitos denunciados. “Efectivamente, el señor Rafael Gómez retiró determinadas cantidades de dinero de las cuentas bancarias, titularidad del Grupo Municipal y del Grupo Provincial de Unión Cordobesa y recibidas en concepto de subvención, tanto de la Diputación de Córdoba, como del Ayuntamiento de esta localidad”, dice la fiscal.

“Pero también es cierto que estas operaciones las realizó estando legitimado para ello, en su condición, tanto de diputado provincial, como de concejal”. La fiscal señala que es en el propio Ayuntamiento donde deben rendirse las cuentas y fiscalizarse, si es que Baquerín sospecha de su legalidad.

Desde Unión Cordobesa no se ha ocultado la alegría ante el archivo de las diligencias. La concejala Aurora Aguilar aseguró que siempre estuvieron “tranquilos”, porque, añadió, “era cuestión de tiempo que la denuncia de Baquerín fuera archivada”. “Seguiremos trabajando en nuestro proyecto porque para eso nos han votado los cordobeses, para trabajar”, concluyó Aguilar.

Menos contento estaba Carlos Baquerín, que recriminó a la fiscal haberse enterado del archivo por los medios de comunicación y que, además, no había sido llamado a declarar ni citado tras presentar la denuncia. “Estoy sorprendido y preocupado”, dijo este miércoles. “Sorprendido porque la fiscal no ha hecho nada, solo ha tenido en cuenta mi documentación pero ni ha llamado a las partes ni ha recabado más información tomando declaraciones”. Baquerín dijo sentirse preocupado “porque el sistema no funciona, no puede ser que los partidos dispongan de tanto dinero y cuando se les pide que rindan cuentas de lo que han hecho con él, como hice yo, se les permita que sigan actuando con opacidad”.

La atmósfera en Unión Cordobesa es irrespirable. Baquerín y su pareja siguen aferrados a los sillones de concejal y continúan formando parte del partido y del grupo municipal pese al enfrentamiento. Hace tres semanas, Baquerín renunció a su puesto de portavoz del partido en la Diputación de Córdoba por “problemas de salud”.