El Ayuntamiento también falló en la M-30

El mantenimiento de la M-30 era, hasta el pasado otoño, el estandarte del Ayuntamiento de Madrid (PP). Tanto es así que es el modelo que quiere a implantar este año en todos sus servicios a los ciudadanos (alumbrado, limpieza, semáforos, parques, basuras, etcétera). ¿En qué consiste? El Gobierno municipal deja en manos de una empresa privada la gestión del servicio, y lo controla mediante auditorías aleatorias cada seis meses. Si la calidad no es la deseada, se multa a la empresa. En el caso de la M-30, el examen de primavera de 2012 salió perfecto: un 10 en seguridad. Apenas unos meses después, en octubre, un incendio causó la muerte a dos personas y destapó graves fallos de seguridad en la M-30, por la que cada día circulan 150.000 vehículos.

El delegado de Medio Ambiente y Movilidad, Juan Antonio Gómez Angulo, ha reconocido hoy que los sistemas de control del Ayuntamiento fallaron. Ha admitido además que sus exámenes no cubrían toda la instalación, algo que ha afirmado que se ha corregido. Y ha acusado a la empresa encargada del mantenimiento de ocultar información. Sin embargo, Gómez Angulo ha asegurado que el Ayuntamiento no se personará en la causa penal por ese incendio, puesto que se cree representado por su aseguradora. Tampoco sancionará a la empresa, al menos antes de conocer la sentencia judicial. Es más, incluso ha acusado al PSOE de abusar de la justicia por haberse personado en el proceso, una "instrumentalización" que, a su juicio, es responsable del descrédito de la clase política.

Madrid Calle 30 es una empresa creada por el anterior alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón (2003-2011), para asumir las obras de soterramiento de esa vía (y la descomunal deuda que generó). El Ayuntamiento posee el 80% de las acciones; el 20% restante pertenece a Emesa, participada mayoritariamente por Ferrovial (50%) y Dragados (33%). Esta empresa ganó en 2005 el contrato público para conservar la autovía durante 35 años. A partir de entonces, el Ayuntamiento delegó la gestión de la carretera en Madrid Calle 30, y esta dejó “ciertos servicios de conservación” en manos de Emesa en virtud de esa concesión. Madrid Calle 30 contaba con 13 empleados en el momento del incendio; Emesa, 273.

El incendio accidental el pasado 26 de octubre de unas baterías eléctricas del by-pass sur de la M-30 costó la vida a dos empleados de Emesa. Gregorio Camacho, de 52 años, encargado de los túneles, y Sergio Martínez, de 36, ingeniero jefe de mantenimiento, fueron hallados sin vida en una sala próxima a las instalaciones afectadas por el fuego cuando las tareas de extinción ya habían concluido.

Según la autopsia, inhalaron gases que contenían elementos sulfurosos, lo que indica que fue el incendio de las baterías lo que les mató. El parte del Departamento de Extinción de Incendios del Ayuntamiento de Madrid recogió hasta cinco ocasiones en las que se impidió el acceso a las zonas afectadas a trabajadores de Emesa no identificados, que intentaron burlar el cordón de seguridad.

La alerta llegó a los bomberos a las 17.00 porque un transeúnte avisó de lo que le pareció una papelera ardiendo en las inmediaciones del número 96 de la calle de Valderribas. Nueve minutos después, el equipo desplazado comprobó que se trataba de una rejilla de ventilación del túnel de la M-30 en un parque próximo, lo que activó el protocolo de emergencia. Emesa afirmó a las 17.13 no tener noticia de incidencia alguna, según el parte de los bomberos.

Sin embargo, la concejal socialista Ruth Porta, que ha llevado la cuestión al pleno municipal, asegura a partir de la investigación judicial que la empresa era consciente del incendio desde media hora antes del aviso ciudadano a los bomberos. Izquierda Unida también ha reclamado información sobre el suceso, y ha protestado ausentándose del pleno durante la comparecencia de Gómez Angulo por no haber recibido respuesta a su pregunta, al haber decidido el PP unificar su explicación con la ofrecida a los socialistas.

Los bomberos se toparon al llegar, no sólo con la presencia incontrolada de trabajadores de mantenimiento desde las 17.20, sino con una cadena de deficiencias de seguridad encabezada por una “alarma de fallo en las centralitas” del sistema de control de incendios. No funcionó el dispositivo de detección de humo, y tampoco se activó la vaporización de agua sobre las baterías incendiadas, que debía ser propulsada por el nitrógeno almacenado en unas bombonas que los bomberos hallaron desconectadas de las conducciones. A eso se sumaron las deficiencias en el sistema de extracción de gases del incendio, que se propagaron por la escalera de emergencia aunque sin afectar a la zona de paso de vehículos por encontrarse en una altura inferior.

Parte del sistema antiicendios llevaba tres años sin revisarse, según consta en el atestado que remitido por la Policía Municipal al Juzgado de Instrucción número 21. La inspección policial detecto importantes irregularidades en las cuatro salas donde se hallan los equipos antiincendios. Por ejemplo: en pantalla electrónica del detector láser de partículas (que debería avisar de la existencia de humo) aparecía un mensaje de avería; debía ser revisado anualmente, pero ya llevaba un mes fuera de garantía. El sistema de nebulización de agua se encontraba "parcialmente desmantelado", lo que provocó su inoperancia, según el informe policial; llevaba sin revisar desde 2009. Un mando de los bomberos declaró en el juzgado que si el sistema hubiera estado a pleno rendimiento, "el incendio hubiera sido pequeño".

Según el informe de la Policía Judicial, Emesa conocía desde 10 meses antes que había fallos importantes en la seguridad. De hecho, sus responsables tenían sobre la mesa dos presupuestos para arreglar las deficiencias. ¿Por qué no detectó la auditoría municipal estos fallos? Según ha explicado Gómez Angulo, porque el examen es "aleatorio", y "coincidió que el del primer semestre no incluyó el pozo" donde se desató el incendio. Además, Emesa "no facilitó esa información, lo que supone una transgresión del principio de confianza y buena fe al que obligan los contratos". Sin embargo, el Ayuntamiento ni ha castigado a la empresa, ni ha resuelto el contrato. Se ha limitado a exigir que Emesa pague los daños materiales del incendio, valorados en 1,2 millones de euros. Según Gómez Angulo, no fue hasta la revisión hecha el 12 de diciembre cuando se comprobó que todo el sistema estaba en funcionamiento.

Las medidas de control se han reforzado después de la tragedia, según Gómez Angulo. Sin embargo, en parte siguen dependiendo de la buena fe de la empresa. El único cambio real se refiere a que en la auditoría semestral "se han incrementado las pruebas sobre las instalaciones que no afectan a la seguridad de los usuarios". Además, se ha encargado un informe sobre el estado de toda la infraestructura para decidir qué medidas tomar contra la empresa, si es que se toma alguna, y siempre después de concluido el proceso judicial.

En cualquier caso, el informe policial concluye que no existe una relación causal entre estos fallos y el fallecimiento de los trabajadores, que cometieron "la imprudencia de acceder a la planta siniestrada”.

El informe recoge que “en diferentes ocasiones” los bomberos solicitaron al personal de Emesa y de Calle 30 que no accediera a la planta afectada “sin equipo de respiración autónoma y sin autorización de los bomberos”. Sin embargo, estas órdenes fueron desoídas por varios empleados de Emesa. Los bomberos dieron por extinguido el incendio a las 20.14. Una hora despues, los responsables de Emesa avisaron de que había dos trabajadores ilocalizables. Fueron hallados muertos poco después.

Un empleado declaró ante el juzgado: “Había momentos en que no se sabía dónde estaba el personal”. Emesa remitió un informe a la Policía Judicial en el que culpa a los dos trabajadores de sus muertes: “Nadie de Emesa ordenó a los trabajadores accidentados que accedieran a las instalaciones existentes en el pozo 4, ni más concretamente, a la sala en la que aparecieron sus cuerpos.

Los dos fallecidos comenzaron a trabajar para Emesa en verano de 2006. Ambos habían asistido a numerosos cursos de prevención de riesgos laborales e incluso, en el caso de Sergio Martínez, daba él mismo la formación. También habían acudido a tres simulacros de accidentes múltiples realizados entre los años 2009 y 2011. “Por su cualificación profesional, experiencia y formación, ambos trabajadores conocían los riesgos de su trabajo, y disponían de formación suficiente en materia de prevención de riesgos laborales, medidas de emergencia, lucha contra incendios y evacuación”, añadía el informe de la empresa.