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El ‘caso Innova’ lleva al exalcalde de Reus ante la Guardia Civil

Un juez investiga un aval que ha hecho perder tres millones al Ayuntamiento

Las dependencias de la comandancia de la Guardia Civil de Tarragona se han convertido en un hervidero estos días por las irregularidades cometidas en la empresa municipal de Reus, Innova. Ediles de todos los colores políticos que formaron el pleno del Ayuntamiento en el anterior mandato están siendo citados a declarar por la Policía Judicial de la Guardia Civil. El exalcalde de la localidad, Lluís Miquel Pérez (PSC), acudió a declarar hace una semana, según fuentes del caso.

También lo han hecho concejales como Ernest París (ICV), Juan Gallardo (PP) y Fèlix Oliva (CiU), estos dos últimos como testigos. Además, en los próximos días podrían ser citados a declarar otros, como Empar Pont (ERC).

El Ayuntamiento otorgó el aval por el 100%, pese a tener una participación minoritaria en la compañía, con lo que asumió todos los riesgos

El trasiego de ediles hasta las dependencias de la Guardia Civil se debe al denominado caso Innova, que afecta a irregularidades detectadas en el holding empresarial del Ayuntamiento de Reus y que está siendo investigado tanto por el Juzgado de Instrucción número 3 como por la fiscalía de esta localidad. Varias fuentes confirman que las diligencias policiales, que se encuentran bajo secreto de sumario, se centran, entre otros asuntos, en un aval de tres millones de euros que el Ayuntamiento concedió, pese a no ser accionista mayoritario, a la empresa Shirota Functional Foods. Esta se dedicaba a la investigación nutricional y era mixta: de capital público y privado.

La junta general de Innova, formada por los concejales de Reus, dio luz verde al aval el 28 de febrero de 2008. En ese momento la localidad estaba gobernada por 14 ediles del PSC, ICV y ERC. Con el voto de estas formaciones, el acuerdo por el aval salió adelante, según se quedó recogido en las actas. Sin embargo, se opusieron a él los 13 ediles de la oposición, que en ese momento eran del PP, CiU y la Coordinadora Reusenca Independent (Cori).

La Guardia Civil desde hace una semana y media recaba testigos en todos los grupos municipales que participaron en el pleno para indagar en la posible irregularidad de la operación. Por ello están citando a declarar tanto a políticos que dieron el beneplácito a la transacción como a los que la defenestraron. París decidió dimitir de Shirota poco después. Innova concedió el aval para que Shirota, creada en 2007, pudiera pedir un crédito a los bancos. El Ayuntamiento otorgó el aval por el 100%, pese a tener una participación minoritaria en la compañía, con lo que acabó asumiendo todos los riesgos. La operación fue firmada cuando Josep Prat, ex presidente del Instituto Catalán de la Salud (ICS), dirigía Innova. Además, la persona elegida para presidir el proyecto Shirota fue el ex director general del Servicio Catalán de la Salud (CatSalut) Carles Manté. En la actualidad ambos están imputados por seis delitos por el cobro de facturas presuntamente irregulares de Innova. El holding tenía el 40% del capital de Shirota; el socio privado La Morella Nuts, el 48%; la sociedad responsable de Tecnoparc (una empresa también mixta), el 8%, y el hospital Sant Joan de Reus y la Universidad Rovira i Virgili, el 2% cada uno. En total, Reus controlaba directa o indirectamente un 45,8% de Shirota. A pesar del dinero otorgado, la empresa se encuentra ahora en proceso de liquidación. El año pasado el Ayuntamiento hizo frente a la ejecución del aval.