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Urbanismo se desentiende del caso de la presunta mansión ilegal de Lloret

La Comisión autorizó las obras a pesar de que existían tres informes desfavorables del Departamento de Medio Ambiente

Agustí Serra, director de la Comisión de Urbanismo de Girona, intentó ayer eludir responsabilidades en el caso de la mansión de Can Juncadella (Lloret de Mar), por el que está imputado por prevaricación un técnico del organismo. Serra dijo que “el tema no está claro” y restó importancia a los actos de la Comisión. El informe favorable emitido por este organismo en 2010 “no fue una autorización”, dijo, obviando que fue ese documento el que permitió al Ayuntamiento de Lloret, gobernado entonces por el actual diputado de CIU Xavier Crespo (imputado en la operación Clotilde contra la mafia rusa) otorgar la licencia al dueño, el presidente de la compañía petrolera de Kazajistán. La Comisión revisará el expediente tras exigírselo el Parlament, que pidió la paralización “inmediata” de las obras.

La mansión de Can Juncadella, con 13 habitaciones y 15 plazas de aparcamiento, se está construyendo en un macizo junto al mar, en una zona protegida. La Comisión emitió un informe favorable al inicio de las obras, en julio de 2010, pese a que días antes había recibido un informe (el tercero) del Departamento de Medio Ambiente en el que constaba que el proyecto era ilegal y señalaba que en la finca solo se podía construir con fines “agrícolas, forestales y/o ganaderos”, y que la edificación propuesta (una vivienda) no tenía esos fines, aunque se reservasen 377 metros cuadrados para uso agrícola.

Solo 12 días después, la Comisión informaba favorablemente al inicio de las obras basándose en el artículo 50 de la Ley de Urbanismo, aplicado a la “reconstrucción y rehabilitación” de masías. La Comisión se acogió a que en el lugar existía un viejo gallinero, algo que el fiscal de Medio Ambiente de Girona, Enrique Barata, consideró completamente injustificado. Barata solicitó y logró la imputación del técnico de Urbanismo que elaboró el informe y de la arquitecta municipal de Lloret que avaló la licencia. Serra insistió ayer en que el gallinero (“ruinoso” para el fiscal) tenía “dimensiones importantes” y se justificó en que la comisión se limitó a ceñirse al plan de ordenación urbana de Lloret. Sin ese informe, sin embargo, las obras no hubiesen podido comenzar, como reconoció ayer el Departamento de Territorio, del que depende la comisión.

La Comisión revisará el expediente, proceso que podría dar lugar a la nulidad del informe que autorizó las obras.