Avilés recibía créditos de la CAM sin informes técnicos

Por segundo día consecutivo, los miembros del antiguo consejo de administración de la Caja Mediterráneo (CAM) han declarado ante el juez de la Audiencia Nacional que no recibieron el informe  técnico pertinente para la concesión de los créditos al expresidente de la Comisión de Control de la entidad, Juan Ramón Avilés, sino que solo obtuvieron "pantallazos" y "explicaciones verbales", según han informado fuentes jurídicas.

Los siete miembros del antiguo consejo de la CAM que declararon el martes ante el juez coincidieron en que a las reuniones en las que se autorizaban estas operaciones de crédito llegaban sin la información previa sobre el destinatario del dinero.

Los exconsejeros han declarado este miércoles ante el juez Javier Gómez Bermúdez que la responsabilidad del informe técnico recaía en los directivos de la caja y que la normativa lo requería para su posterior remisión al Instituto Valenciano de Finanzas.

Los integrantes del Consejo de Administración no tuvieron encima de la mesa este informe técnico, pero tampoco disponían del orden del día ni de las actas de las reuniones. Una vez reunidos los consejeros, se leían a tanta velocidad las operaciones a autorizar, que muchas veces ni se entendían, según los testigos.

Los declarantes, al igual que hizo este martes el primer grupo de testigos, han dicho desconocer que el beneficiario final de los préstamos fuese Avilés ya que sólo figuraba el nombre de la empresa peticionaria y si se trataba de un alto cargo, pero no quien era su titular.

El exconsejero y miembro del sindicato mayoritario de la entidad (Sicam), Manuel Navarro, ha sido preguntado sobre si se les dio información concreta sobre las operaciones vinculadas, a lo que ha respondido: "No, y se debería haber dado".

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 ha interrogado este miércoles al exdirector de Inversiones y Riesgo Francisco Martínez García y los exmiembros del Consejo de Administración Manuel Navarro, Benito José Nemesio, Raquel Páez, Elia María Rodríguez, José Rovira, Martín Sevilla y Ginés Pérez. Ángel Oscar Strada no ha podido comparecer y será citado para el 3 de abril.

Todos ellos fueron citados "en calidad de testigos" aunque Gómez Bermúdez les aconsejó en una providencia que acudieran "acompañados de letrado", que podrá "estar presente sin intervenir" en la declaración, al objeto de "garantizar al máximo el derecho de defensa" en el caso de que su "condición procesal" cambiara a la de imputado.

Las comparecencias se reanudarán el 2 de abril cuando tendrán que comparecer en la Audiencia Nacional el vicepresidente del Gobierno de Murcia, Juan Bernal; el presidente de la Cámara de Comercio de Alicante, José Enrique Garrigós; y los exconsejeros Pilar Cáceres, Pere Joan Devesa, Susana Maestre, Manuel Muelas, Juan Pacheco y Rosa Ana Perán.

El día 3 están llamados a declarar el expresidente de la entidad Vicente Sala, ya fallecido; los exvicepresidentes Angel Martínez y Armando Sala; el exdirector general de Participaciones Empresariales Joaquín Meseguer; el exdirector general adjunto Agustín Llorca; y los exconsejeros Luis Esteban, Salvador Pilés y Enrique Puig.

Créditos irregulares

Gómez Bermúdez imputa indiciariamente a Avilés delitos societarios y de administración desleal en una pieza separada de la causa principal en la que investiga si la entidad concedió a sus empresas de forma irregular créditos por valor de 17 millones de euros.

Según un informe del Banco de España que consta en la causa, Avilés utilizó uno de los créditos ICO Renove Turismo que le fueron concedidos para adquirir 80.000 euros en participaciones preferentes de la entidad de las que se deshizo "antes de que aflorara de forma pública la delicada situación de la caja". En concreto, pagó un interés del 1,50% para obtener el crédito y obtuvo una remuneración por sus participaciones preferentes del 7,25%, obteniendo un beneficio neto del 5,75%.

El informe también revelaba que el expresidente de la CAM Modesto Crespo percibió 640.000 euros entre los años 2009 y el 2011 en concepto de dietas que no fueron aprobadas por la Asamblea, lo que supone 30 veces más de la cantidad máxima autorizada por la entidad. En función de su cargo le habrían correspondido 20.645.

En el caso de Avilés, la Asamblea General aprobó que percibiese en el conjunto de los tres ejercicios un total de 14.996 euros, aunque se llegó a embolsar 308.000.