El juez del Madrid Arena investiga si el Ayuntamiento falseó informes
López Palop abre una pieza separada para indagar si se alteraron datos y fechas
Eduardo López Palop, el juez que instruye la muerte por aplastamiento de cinco jóvenes en el pabellón municipal Madrid Arena, ha abierto una investigación (una pieza separada) para indagar si el Ayuntamiento le ha remitido informes con datos y fechas falseadas sobre la tragedia de la noche de Halloween. Esta nueva causa surge tras una denuncia que han interpuesto ante López Palop los abogados de dos de las cinco fallecidas. En ella advierten de que hay cambio de fechas y posible alteración de informes que buscarían impunidad respecto a la actuación de la policía local, según fuentes de las partes.
La supuesta falsedad ha sido destapada por la responsable del operativo policial que acudió esa noche al Madrid Arena, Cándida Jiménez, que indicó que el evento fue catalogado como de riesgo medio. Pero nunca alto como se indica en los informes policiales. El problema es que son estos últimos los informes que en su día se elevaron tanto a la alcaldesa de Madrid, Ana Botella, cuando pidió explicaciones sobre la tragedia, como al juez instructor.
El magistrado pide que la policía envíe la documentación inmediatamente
Uno de los asuntos que reprocha el juez en un auto al consistorio es por qué desplazó a un muy reducido número de agentes a un evento que reunió esa noche en el Madrid Arena a cerca de 18.000 jóvenes, casi el triple del aforo del recinto. La cantidad de policías que se envía a un espectáculo varía en función de su catalogación. Si el riesgo es medio la cifra es de 12 agentes; si es alto, 18. El Ayuntamiento, según el informe cuya fecha puede estar alterada, revela que esa noche fueron enviados allí 18 agentes. Fuentes policiales han señalado que la orden de elevar el riesgo de medio a alto se hizo la misma noche del siniestro y fue “verbal”.
Precisamente, ayer prestó declaración ante López Palop, en el marco de la ronda de interrogatorios que viene desarrollando el magistrado desde enero, el jefe de la Policía Municipal de Madrid, Emilio Monteagudo. Este responsable policial descargó sobre la oficial Cándida Jiménez la responsabilidad sobre el número de agentes que debieron disponerse esa noche para cubrir el evento. En esta pieza separada tendrán que comparecer como denunciados el jefe Monteagudo y la oficial Jiménez, entre otros mandos policiales.
Por otro lado, en fuentes de las partes existe “gran indignación” con la postura “obstruccionista” que ha adoptado la Fiscalía de Madrid sobre la imputación de la cúpula de seguridad del municipio. No entienden que se oponga a que altos cargos del Ayuntamiento acudan como imputados, esto es, con abogado (pero sin prejuzgar su conducta), a explicar “lo que sepan” de la tragedia. Estos medios tampoco entienden la parálisis de la Policía Nacional, que “está postergando la entrega de los principales informes” solicitados por el juez. “No quiero ni pensar, con los cadáveres de cinco niñas sobre la mesa, que la fiscalía y la policía estén siguiendo consignas políticas”, señalan estos medios. El juez ha pedido a la policía que, con carácter inmediato, le remita los informes que faltan. El suceso ocurrió hace cuatro meses.
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