Una consultora del grupo Eurobank, en el centro de la trama

Todos tenían claro que había que ordeñar la vaca al máximo. Los protagonistas de la última hornada de detenidos en el caso de los ERE se dedicaron durante una década (2001-2010) a exprimir las comisiones que la Consejería de Empleo pagaba por cada expediente tramitado.

Aseguradoras, consultoras, bufetes, sindicatos, intermediarios y empresas. Todos ganaban y pagaba el Ejecutivo andaluz, que gastó unos 68 millones en comisiones, al margen del dinero que efectivamente llegaba a los prejubilados de las empresas. A estas comisiones hay que sumarle los 12 millones que percibieron 126 intrusos (personas que cobraron prejubilaciones por empresas en las que nunca trabajaron) de manera ilegal. Eso sí, las tajadas de los comisionistas fueron diferentes, aunque la Guardia Civil estima que todas fueron excesivas e ilegales. Entre las empresas destaca la consultora Vitalia, que cobró las comisiones más altas y gestionó los ERE donde se han detectado la mayoría de intrusos. Vitalia, en proceso de disolución, formó parte del grupo Eurobank, investigado por estafa a los accionistas en la Audiencia Nacional.

La Junta arrastra una deuda con las aseguradoras de 300 millones

¿Cómo funcionaba este sistema de comisiones? Tras acordar una empresa y los sindicatos la presentación de un ERE ante la Junta, muchos actores empezaban a moverse para sacar tajada. Los conseguidores y las consultoras tocaban a las firmas para que presionaran al ex director general de Trabajo, Javier Guerrero, “de voluntad fácil de quebrar”, en boca de un sindicalista.

Al margen del circuito oficial entre las aseguradoras y la Junta andaluza, existía otro donde las consultoras y sus intermediarios incluían su minuta. Esos “gastos externos” se pagaban a través de las aseguradoras, un abono que la Junta de Andalucía asumía entonces como imprescindible para culminar los ERE, pero que ahora ha reducido o eliminado. “Las empresas se captaban a través de la información que facilitaban los sindicatos. No había criterio para ser financiado. Había captación de empresas objetivo”, ilustran fuentes del caso.

La agencia Idea, dependiente de la Junta, transfería los fondos a las aseguradoras, y estas a las consultoras, que a su vez pagaban a los bufetes de abogados y los intermediarios. Cuando los pagos de esta pesadilla administrativa culminen dentro de una década, la Junta se habrá gastado un total de 1.217 millones en el fondo, según los técnicos de la Cámara de Cuentas. El Ejecutivo andaluz arrastra hoy una deuda con aseguradoras y consultoras que supera los 300 millones.