La ley de consultas sigue adelante con el apoyo del PSC

Habrá ley de consultas populares no refrendarias en Cataluña. Así lo han acordado esta tarde en el Parlament CIU, ERC, PSC, ICV y la CUP al finalizar la ponencia conjunta para elaborar el contenido de esta proposición.

La semana pasada, PSC e ICV pidieron tiempo para poder incluir más mecanismos de participación ciudadana y acabar de matizar los puntos más conflictivos como el derecho a veto del presidente de la Generalitat – que finalmente no estará en el redactado final a propuesta de los escosocialistas- y la posibilidad de rebajar la edad de participación a 16 años.

Así, el PSC se suma a la aprobación de una ley que podría utilizarse, según reconocen los otros partidos, como vía alternativa para convocar una consulta de autodeterminación en caso de que el gobierno central no la autorizase. Aun así, Ferran Pedret, representante socialista en la ponencia, ha declarado que solo podría servir para este fin si es "de acuerdo con el Estado".

La portavoz del ERC, Marta Rovira, ha rebatido el postulado socialista afirmando que la propuesta incrementará la participación democrática dentro de la cual se contempla la celebración de una consulta "para decidir el futuro del país". En una línea similar se ha expresado el diputado de CiU, Josep Rull, que ha recalcado la posibilidad de hacer a partir de este texto "una ley sólida que de legalidad y legitimidad".

Desde ICV, Dolors Camats ha celebrado que se hayan aceptado algunas de sus propuestas para incrementar la participación. Quim Arrufat, portavoz de la CUP, ha afirmado que no ve en esta vía la posibilidad de realizar una consulta porque esta debe convocarse "desde la desobediencia al Estado español".

El PP ha lamentado que en el redactado no se explicite que el objeto de la ley se refiera solo a competencias "propias" de la Generalitat. Por este motivo, el diputado popular Santi Rodríguez, ha expresado que su formación está estudiando la posibilidad de presentar una enmienda a la totalidad.

La base de este texto se empezó a trabajar durante la legislatura anterior, con lo cual el consenso de mínimos ya estaba muy avanzado y solo han hecho falta tres reuniones de la ponencia para llegar a un acuerdo. Durante el mes de abril se abrirá un periodo de enmiendas después del cual la propuesta será debatida por primera vez en el pleno para que admita su tramitación.

Después, el texto se trabajará en la Comisión de Asuntos Institucionales, donde se podrán presentar nuevas enmiendas y decidir si debe haber nuevas comparecencias, y finalmente volverá al pleno para ser aprobado.