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El Gobierno español espera que Gibraltar aplace el juicio del ‘Divina Providencia’

La Administración española certifica que el pesquero de Algeciras faenaba con artes legales

Una patrullera de la Guardia Civil escolta a dos pesqueros españoles en el Estrecho. Ampliar foto
Una patrullera de la Guardia Civil escolta a dos pesqueros españoles en el Estrecho.

El Gobierno español espera que la vista oral contra el patrón del pesquero Divina Providencia, Francisco Gómez, en la Corte de Justicia de Gibraltar prevista para el viernes se aplace hasta que el Ejecutivo de la colonia británica dé a conocer la nueva normativa que quiere aplicar en el litoral del Peñón.

Al pescador de La Línea se le imputan cargos de conducción temeraria de embarcación, desobediencia a la autoridad y pescar con artes ilegales en aguas que Gibraltar considera de su jurisdicción. Unos cargos que podrían acarrearle “desde una multa de entre 500 a 1.000 libras, hasta una pena de prisión, si es detenido”, afirmó el alcalde de Algeciras (Cádiz), José Ignacio Landaluce. Según el regidor, el aplazamiento permitirá compaginar la actividad pesquera con las exigencias medioambientales de Gibraltar.

Para evitar una sentencia condenatoria de la Corte de justicia de Gibraltar, ayer se celebró una reunión en Madrid a la que asistieron responsables de tres ministerios (Exteriores, Interior y Agricultura), los representantes de la flota afectada por el conflicto con Gibraltar y los alcaldes de Algeciras, José Ignacio Landaluce y La Línea, Genma Araujo. El Gobierno de España ha facilitado un certificado a la defensa del patrón del Divina Providencia en el que se asegura que el pescador se encontraba faenando con artes legales y permitidas en las costas de la Unión Europea y en aguas de jurisdicción española, en contra de lo que mantienen las autoridades gibraltareñas.

“Se trata de un documento elaborado por la Administración española que avala la situación de legalidad en que se encontraba el barco, cuando se produjeron los hechos que se le imputan”, dijo Landaluce.

Al margen de la situación particular del patrón del Divina Providencia, la reunión de ayer sirvió para que las Administraciones apostasen por iniciar los trámites necesarios para arbitrar distintas ayudas que permitan paliar la difícil situación económica de las 300 familias afectadas por este conflicto.

Según la versión de los representantes del sector pesquero, “se van a mantener contactos por parte de la Secretaría General de Pesca con el Ministerio de Trabajo, para intentar conseguir un aplazamiento de los pagos de la deuda que mantiene la flota por los abonos relativos a la Seguridad Social de los tripulantes”.

Además, se impulsarán ayudas económicas sobre las que aún no se ha avanzado y de las que se beneficiarán los barcos de la flota artesanal que resulten afectados por el hostigamiento de las autoridades gibraltareñas. El secretario general de Pesca, Carlos Domínguez, explicó que “esas ayudas no irán destinadas a toda la flota sino a aquellos barcos que sufran un hecho concreto de la policía gibraltareña y se arbitrarán de acuerdo con el derecho comunitario”. Las ayudas serán “mínimas”, especificó.

El presidente de la Federación Andaluza de Asociaciones Pesqueras, Pedro Maza, valoró el respaldo del Gobierno a los barcos de Algeciras y La Línea, y agradeció las medidas adoptadas. No obstante, Maza insistió: “Lo que quiere el sector no son ayudas subsidiarias, sino volver a una situación de normalidad, por lo que hay que mantener el diálogo y seguir el asunto con cordura”.