El gobierno de Santiago remitirá al fiscal el expedientes de las facturas falsas

La comisión abierta en el Ayuntamiento de Santiago para investigar un caso de presuntas facturas falsas (por un importe de 2.900 euros) en la justificación de subvenciones a dos entidades vecinales ha decidido con el voto favorable de todos sus miembros, incluido el del edil popular Francisco Noya, remitir el expediente a la fiscalía por si hubiera indicios de delito. Así lo establece su documento de conclusiones que basándose en la Lei 9/2007 de subvenciones de Galicia propone poner el asunto en manos del ministerio público “por si diera lugar a dirimir cualquier tipo de responsabilidad”. Pese a que estaba previsto que se pronunciase ayer sobre este nuevo escándalo en el seno de su Gobierno, el alcalde, Ángel Currás, guardó silencio con el argumento de que desconocía el desenlace de la investigación interna. No obstante, colocó el asunto en el orden del día del Pleno que se celebrará el próximo jueves. Esta mañana la portavoz del Gobierno, María Pardo, confirmó que el Ayuntamiento reenviará el escrito con las conclusiones al ministerio público para que analice la posible existencia de delitos.

El caso pinta mal para el edil popular Juan De la Fuente, responsable del departamento que concedió las ayudas. Durante la semana que duraron las comparecencias de los testigos en este supuesto fraude, el representante de una empresa de artes gráficas aseguró ante la comisión que no reconoce dos albaranes supuestamente emitidos por su taller de artes gráficas. La comisión de investigación determina que los dos albaranes que sirvieron para respaldar el pago de dos de las subvenciones no la emitió dicha empresa porque "el formato de dicha factura no coincide con el modelo oficial aportado al expediente por el representante de la entidad mercantil y tampoco coincide el CIEF con el de esta empresa". "Sí son coincidentes", continúa el escrito de conclusiones, "tanto la razón social como la dirección" de la imprenta. 

El resultado de la investigación da por hecho que la letra de la factura falsificada es la misma que el de la persona que tramitó la subvención, sin detallar el nombre. En las conclusiones señala además partiendo del testimonio del propio interesado que la persona que figura en los expedientes administrativos como el representante de la asociación beneficiada no tiene ningún cargo en ese colectivo, que el supuesto DNI que figura en la documentación oficial no coincide con el suyo, y que tampoco reconoce la firma que en su nombre consta en el expediente.

La comisión considera probado también que la dirección postal y el correo electrónico que figura en la solicitud de una de las dos asociaciones de vecinos corresponden en realidad al edil Juan De la Fuente. El concejal se negó a responder a las preguntas de la oposición en los interrogatorios de la  comisión alegando que los representantes de PSOE y BNG presuponían su culpabilidad.

Ante tal rosario de irregularidades y los indicios de los delitos de falsificación de documento público y mercantil y la suplantación de identidad que se derivan de las pesquisas, la comisión -que integran además de los ediles de los tres partidos, el secretario municipal y el asesor jurídico- pide enviar el escrito a la fiscalía. La decisión de acudir al gobierno municipal se adoptará previsiblemente en el pleno del próximo jueves. Sobre el ejecutivo, pesaba la amenaza de que, según el Código Penal, tener conocimiento de un delito y no denunciarlo es a su vez un delito: el de encubrimiento.