El juzgado de los ERE embarga los bienes del exviceconsejero Agustín Barberá
El antiguo alto cargo de la Consejería de Empleo está acusado de cuatro delitos Barberá afronta una fianza por responsabilidad civil de 490 millones
![Javier Martín-Arroyo](https://imagenes.elpais.com/resizer/v2/https%3A%2F%2Fs3.amazonaws.com%2Farc-authors%2Fprisa%2Fbe822ad5-55c4-471f-a6de-f8ffe65744e8.png?auth=11b4c18a3c700fde6547c09f2549e6d80e1874bb354890d63a358496e8f9c883&width=100&height=100&smart=true)
![El exviceconsejero Agustín Barberá, en los juzgados sevillanos.](https://imagenes.elpais.com/resizer/v2/M26UAUSVXWDMPTSWVM53UG3N7Y.jpg?auth=46b48cbd76b83dd71d7cdc9925993769828251dfcb4f99b130a369cc4ab4e3f2&width=414)
El juzgado del caso de los ERE ha decretado el embargo de los bienes propiedad del exviceconsejero de Empleo Agustín Barberá para cubrir la responsabilidad civil derivada de su imputación en el caso. La juez Mercedes Alaya acusa a Barberá de prevariación, malversación, omisión del deber de perseguir delitos y falsedad en documento oficial, pero tras su declaración, el exviceconsejero salió en libertad con cargos. La fianza para cubrir las responsabilidades pecuniarias impuesta por Alaya ascendió a 490 millones, cantidad que engloba parte de los ERE en los que intervino el exviceconsejero bajo su prolongado periodo como número dos de Empleo.
Un decreto de la secretaria del Juzgado 6 de Instrucción fija el embargo de una finca propiedad de Barberá sita en Cádiz y pide información al registro de la propiedad de El Puerto de Santa María (Cádiz) para que le remita la nota simple de otra propiedad inscrita a nombre del ex alto cargo de la Consejería de Empleo para proceder a su embargo. Alaya acusa a Barberá de colaborar "durante varios años” para mantener un sistema de concesión de subvenciones que “institucionalizaría la arbitrariedad y la desigualdad en el otorgamiento de las ayudas públicas”, según estableció en un auto.
Mientras, la secretaria también ha decretado el embargo de dos fincas del imputado Andrés Carrasco, situadas en El Pedroso (Sevilla). La fianza por responsabilidades pecuniarias impuesta a Carrasco ascendió a 147.524 euros. Este intruso de 63 años (beneficiado por una empresa para la que no trabajó) era el churrero del municipio del que fue alcalde el ex director general de Trabajo Javier Guerrero. Carrasco y Guerrero era amigos de la infancia.
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