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Feria Valencia: grande, cara y opaca

La institución ferial cede un pabellón de 20.000 metros cuadrados ignorando una condición pública que se niega a asumir

Rajoy, Camps y Barberá, en Feria Valencia el año 2008, en la clausura del XVI congreso del PP.
Rajoy, Camps y Barberá, en Feria Valencia el año 2008, en la clausura del XVI congreso del PP.

Feria Valencia, que consume decenas de millones de euros de recursos públicos al año, es una institución pública. Lo han establecido así la Sindicatura de Comptes, organismo encargado de la fiscalización del sector público valenciano, y el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, en una sentencia de hace más de una década.

A pesar de ello, la feria, al frente de la cual está Alberto Catalá, y cuyo patronato preside la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, se niega ejercicio tras ejercicio a ajustarse a las exigencias que impone la Ley de Contratación de las Administraciones Públicas y a ser fiscalizada. En respuesta a uno de los requerimientos efectuados por la Sindicatura de Comptes, la institución alegó en mayo de 2011 que el registro de asociaciones era “el órgano donde debe presentar sus cuentas con arreglo a la normativa aplicable y que así lo realiza”. La sindicatura comprobó que tal extremo era falso, dado que la feria nunca había depositado sus cuentas ni en el registro de asociaciones estatal ni en el autonómico. Al ser sorprendido en falta, Catalá se limitó a responder literalmente que “tomaba nota”. El resultado es que nadie ha podido revisar la rectitud de las cuentas de la institución.

La naturaleza pública de la feria ha vuelto a primer plano por el anuncio de la patronal de los comerciantes de muebles de demandar a Feria Valencia por haber acordado alquilar un pabellón a Teyoland, la iniciativa del sector del hábitat presentada como el Ikea español. Del pacto, regido por el derecho privado, se conocen los detalles que las partes han querido comunicar. El periodo de arrendamiento es por siete años, el alquiler asciende a un millón de euros (o al 4% de la facturación, si esta es superior) por 20.000 metros cuadrados de espacio y, al parecer, el acuerdo incluye el uso del aparcamiento.

Puesto que la Sindicatura y el TSJ han dictaminado que la feria forma parte del sector público, la patronal del comercio del mueble considera que el contrato atenta contra la competencia. La feria, argumentan, debería en todo caso haber convocado un concurso público al que habrían podido presentarse en igualdad de condiciones las empresas interesadas.

La patronal del comercio del mueble denunció el alquiler a Teyoland

El pabellón en el que irá Teyoland forma parte de la descomunal ampliación decidida a finales de los noventa por las Administraciones valencianas, gobernadas entonces y ahora por el PP. Como en muchas otras obras de los últimos años, la ampliación fue acompañada de sobrecostes de casi el 100%: iba a costar 325 millones y acabó rondando los 600 millones. El proyecto no solo fue muy caro, sino inútil; desde que se terminaron en 2006, las nuevas instalaciones han permanecido vacías casi todo el tiempo.

La factura de esas obras la están pagando los contribuyentes valencianos dado que la Generalitat, como más recientemente le ha ocurrido con el Valencia CF, es avalista del préstamo solicitado para llevarlas a cabo. El desembolso de la Generalitat por este concepto, solo entre el año pasado y el actual, se acerca a los 70 millones de euros.

Lo sorprendente de la resistencia de la feria a aceptar su condición pública, y por tanto de dejar de ser opaca a la hora de utilizar recursos o entablar contratos, es que el pronunciamiento judicial que lo establece fue instado por la misma institución para ahorrarse el pago de impuestos. “El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana tuvo que determinar en su sentencia de 25 de enero de 2001 la naturaleza jurídica de Feria Valencia, como paso previo a comprobar si tenía derecho a la exención subjetiva en el impuesto de actividades económicas”, tal y como reclamaba, señala la Sindicatura. El tribunal dio la razón a la feria y la declaró exenta del impuesto porque constituía “un consorcio local”.

La Sindicatura recordó en 2011 a la feria, atendiendo a esa resolución, que los consorcios locales “son entidades públicas y por tanto forman parte del sector público valenciano en los términos establecidos” en la ley de creación de la Sindicatura.

Como consecuencia, está obligada a presentar sus cuentas al órgano fiscalizador, cosa que ha omitido. Y procede “su inclusión en el censo de sociedades mercantiles, fundaciones, asociaciones o cualesquiera otras entidades participadas por alguna entidad o ente que forme parte del sector público local valenciano”, algo que sí ha ocurrido, como puede comprobarse en el sitio web de la Sindicatura de Comptes. La feria figura en el apartado de “entidades locales que no han remitido la Cuenta General del ejercicio 2011 y/o anteriores”.

 

‘El Bigotes’ y la deuda del PP

I. Z.

Feria Valencia se ha negado a facilitar a la Sindicatura de Comptes siquiera “los porcentajes de financiación de cada uno de los entes o patronos públicos y privados que la constituyen”. La completa opacidad impide confirmar incluso lo más elemental. Por ejemplo, el recinto fue elegido por el PP desde 2002 para celebrar la mayoría de sus grandes actos de partido.

La costumbre se rompió después de que se destapara el caso Gürtel, en cuyo sumario se acumulan indicios de que la red corrupta se encargaba, a través de Orange Market, la empresa de Àlvaro Pérez, El Bigotes, de organizar todos los actos del partido al tiempo que facilitaba supuestamente su financiación ilegal.

Este periódico publicó en marzo de 2011 que Feria Valencia tenía anotados como deuda del PP 568.511 euros correspondientes al congreso nacional celebrado en su recinto en junio de 2008. Un hecho que ha sido denunciado también por la oposición, sobre todo por el portavoz parlamentario de Compromís, Enric Morera. El PP lo negó. La feria, en cambio, sencillamente rechazó ofrecer explicaciones con el argumento de que se rige por el derecho privado y sus relaciones comerciales son “confidenciales”.

Aparte de que se produzcan nuevos pronunciamientos judiciales, ante la rebeldía de una institución a acatar su condición pública, la Sindicatura puede denunciarlo al Tribunal de Cuentas. Este podría imponer multas a la persona responsable de presentar las cuentas. Las sanciones son bajas (900 euros) pero pueden imponerse en número indefinido: cuantas veces el responsable sea requerido para mostrar las cuentas y desoiga la orden.