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Los abogados de las familias del Madrid Arena se plantean pedir homicidio doloso

Los mandos del SAMUR y la Policía Municipal testifican esta semana en el caso

Fiesta de Halloween en el pabellón Madrid Arena. Ampliar foto
Fiesta de Halloween en el pabellón Madrid Arena.

Algunos abogados de las familias de las cinco jóvenes menores muertas en la tragedia del Madrid Arena el pasado 1 de noviembre se están planteando cambiar su estrategia de acusación. Los letrados no han querido cambiar de momento la calificación del delito —en la actualidad por homicidio imprudente— hasta oír a todos los imputados que aún faltan por declarar ante el titular del Juzgado de Instrucción número 51, Eduardo López-Palop. Eso sí, fuera de micrófono, reconocen que cada vez se demuestra más que hubo “algo más” que negligencia detrás de las cinco muertes de la fiesta de Halloween.

Hasta el momento, la instrucción del caso se está alargando dada la enorme cantidad de imputados (una veintena) y del número de partes personadas. Además de las cinco acusaciones de las familias y la fiscalía, están los abogados defensores de los imputados. Esto hace que cada interrogatorio se prolongue unas cinco horas en el mejor de los casos.

Lo que sí afirman algunos letrados de las acusaciones es que los últimos testimonios, en especial el del responsable máximo de la empresa municipal Madrid Espacios y Congresos (Madridec), Jorge Rodrigo, apuntan que la fiesta se celebró pese a no cumplir con las normas de seguridad. Rodrigo acusó a tres subordinados suyos como los máximos culpables de que se celebrara la fiesta pese a que no reunía las mínimas condiciones.

El principal cambio que estudian las acusaciones es pasar de homicidio imprudente a homicidio doloso. Esto supondría elevar de forma significativa las penas a las que se enfrenten los imputados. El primero (el imprudente) acarrea condenas que oscilan entre uno y cuatro años de prisión, mientras que el segundo oscila entre los 10 y los 15 años de cárcel. Aparte, habría que calcular las responsabilidades civiles y quién es el que tiene que desembolsar ese dinero.

“Si todo va al ritmo que estamos viendo, aquí hay mucha gente con muchas responsabilidades”, apuntan los abogados. El cambio de calificación también supondría que las diligencias iniciadas hasta ahora se transformarían en un sumario, con lo que se abriría la puerta para que el caso lo enjuiciara un jurado popular.

Aún falta mucho para concluir la instrucción: en las próximas semanas quedan por declarar siete imputados. En los próximos días pasarán por el juzgado de López-Palop el responsable de los servicios de emergencias del Ayuntamiento y del SAMUR, Alfonso del Álamo, y el inspector jefe de la Policía Municipal, Emilio Monteagudo. El viernes lo hará Miguel Ángel Morcillo, de la empresa Diviertt organizadora del evento.

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