Sin casa y con deudas a Hacienda

El Gobierno central reclama a 48 vecinos de Badia del Vallès entre 9.000 y 20.000 euros por plusvalías tras haber entregado su vivienda al banco

La familia de Cristina Pozo, a la que se requiere el pago del impuesto de plusvalías.
La familia de Cristina Pozo, a la que se requiere el pago del impuesto de plusvalías.Isabel Marquès

El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas reclama a una decena de familias de Badia del Vallès entre 9.000 y 20.000 euros en concepto de plusvalías después de que hayan devuelto sus pisos al banco al no poderlos pagar. La reclamación se explica porque formalmente la dación en pago es una compraventa, es decir, a la práctica las familias venden su piso al banco, de modo que Hacienda considera que existe un enriquecimiento patrimonial.

La especificidad de este municipio del Vallès, de los más pobres y con más paro de Cataluña y donde el 99% de viviendas son protección oficial, explica una concentración de casos tan alta. El integrante de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Badia Alberto del Rey habla de diez casos, pero el concejal de ICV-EUiA en la localidad Eusebio Argueta asegura que hay muchos más. En total, 48. Todos los casos, además son de familias que en su día compraron fraudulentamente sus pisos. Con un valor real de entre 60.000 y 90.000 euros, los fijados como vivienda protegida, estos afectados los compraron en plena burbuja inmobiliaria por un precio tres, cuatro o cinco veces superior: hasta 250.000 euros. Esta diferencia explica las elevadas cantidades que Hacienda está reclamando en concepto de plusvalías.

El fraude de Badia fue descubierto durante el segundo mandato del gobierno tripartito (PSC, ERC e ICV). Pese a presentar escrituras legales a la Generalitat, los vendedores cobraban sumas entre tres y cinco veces superiores. La diferencia se pagaba en negro o contrayendo segundas hipotecas. Un entramado que implicó desde los propios compradores que aceptaron las condiciones, hasta los vendedores que las impusieron o las entidades financieras, intermediarios y notarios que hicieron la vista gorda.

Los impuestos se reclaman porque la dación se considera una compraventa

A partir de febrero de 2010 y sobre todo en 2011, la Secretaría de Vivienda comenzó a firmar un centenar de convenios con CatalunyaCaixa (la entidad que había concedido la mayoría de los préstamos) que en la práctica eran daciones en pago: las familias devolvían los pisos pero se podían quedar cinco años de alquiler. Son estas familias las que en junio pasado, al presentar la declaración de renta, se dieron de morros con plusvalías que no pueden ni quieren asumir.

De hecho, el denominado decreto Guindos de junio de 2012 eximió de pagar la plusvalía derivada de dación en pago a las familias en el umbral de exclusión que definió esa norma. Pero pese a que el grueso de las familias afectadas de Badia está en paro, Hacienda no perdona. El año pasado, el grupo parlamentario Izquierda Plural presentó sin éxito —porque el PP votó en contra— una proposición no de Ley instando a “extender” esta exención a las familias de Badia. “Clama al cielo, porque el IRPF grava incrementos de renta, y aquí no lo ha habido. Es más, estas familias han perdido la propiedad de la vivienda que compraron”, lamenta la diputada que defendió la propuesta, Laia Oritiz.

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Pese a la negativa en el Congreso, tras varias reuniones en Badia el diputado popular Daniel Serrano se comprometió a llevar el caso al ministerio, explican Ortiz y el concejal Argueta. De nada ha servido, aseguran. La versión de Serrano es completamente distinta. Asegura que “la cuestión está resuelta, porque Hacienda ha comprobado que no se ha producido incremento patrimonial” y que “puede haber casos puntuales” de los cuales, asegura desconoce los motivos. El Ministerio de Hacienda no respondió la llamada de este diario para recabar su versión.

"Compré por el triple; era lo más barato"

C. B.

La de Cristina Pozo es una de las familias a las que Hacienda reclama plusvalías tras entregar sus vivienda en 2011 al no poder pagarla. El Ministerio reclama 4.000 euros a ella y otros 4.800 a su marido. Ella está en paro. Él no, trabaja, pero por horas, sin un sueldo fijo. Tienen dos hijos de uno y tres años. No pueden pagar estas cantidades. Ni declararse insolventes, porque a veces el sueldo de su marido supera el mínimo. Sus ingresos (ella cobra el subsidio de los 426 euros) les permiten pagar el alquiler, pero no la plusvalía, que pidieron fraccionar. Pozo reconoce ahora que comprar un piso en Badia por 177.500 euros fue un disparate. “El triple, lo sé. Pero era 2007 y Badia era el único sitio barato de la comarca, hay gente que compró por mucho más”, asegura y reparte culpas también entre “la inmobiliaria que fijó el precio, el banco por tasar esta barbaridad y Adigsa por hacer la vista gorda”. A la espera de la resolución del caso, y con las cuentas embargadas, han tenido que pedir un préstamo a los padres de ella.

Sobre la firma

Clara Blanchar

Centrada en la información sobre Barcelona, la política municipal, la ciudad y sus conflictos son su materia prima. Especializada en temas de urbanismo, movilidad, movimientos sociales y vivienda, ha trabajado en las secciones de economía, política y deportes. Es licenciada por la Universidad Autónoma de Barcelona y Máster de Periodismo de EL PAÍS.

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