El Consell revisa la contratación de Blasco con la trama de Cooperación desde 1999

No son solo los jueces. El mismo Gobierno valenciano está revisando toda la contratación de las consejerías que ha dirigido Rafael Blasco, imputado por seis delitos de corrupción en la causa que investiga el saqueo de las ayudas de la Generalitat al Tercer Mundo. El análisis, iniciado a raíz de una batería de preguntas presentadas por el diputado de Esquerra Unida Ignacio Blanco, se centra en la contratación de cinco consejerías (algunas de las cuales han sufrido fusiones entre sí) en las que Blasco estuvo al frente desde los años noventa con decenas de empresas vinculadas a la trama que se apropió de los fondos de cooperación. Según las fuentes consultadas, en la revisión estaría participando personal de departamentos que en su momento estuvieron adscritos a Empleo, Sanidad, Urbanismo, Solidaridad y Bienestar Social. Y, a modo de asesoría, la Intervención General de la Generalitat.

Fuentes de Presidencia, matizaron, sin embargo, la información y subrayaron que las distintas consejerías tan solo están recopilando la información solicitada por el grupo parlamentario de Esquerra Unida. Una información que está siendo compilada por las consejerías de Sanidad, Economía e Infraestructuras, que tienen que revisar los contratos solicitados sobre un periodo muy dilatado de tiempo. Presidencia negó que las gestiones respondan a ninguna petición judicial.

En la investigación del caso Blasco ya han surgido varias conexiones que apuntan a que la trama funcionó desde mucho antes de que el exportavoz parlamentario del PP desembarcara en la Consejería de Solidaridad y Ciudadanía, en el año 2007. Sociedades y empresarios ahora imputados en la causa sobre el fraude en Cooperación, con Augusto César Tauroni a la cabeza, lograron millonarios contratos en Sanidad y Bienestar Social cuando su responsable era Blasco.

Óscar Varea, exgerente de una de estas sociedades, Lonerson, declaró hace unos días ante la juez instructora que cuando los medios empezaron a contar la relación entre Blasco y Tauroni, éste decidió tomar medidas. Entre ellas, según el testigo, se contó la búsqueda de empresas limpias que actuaban como pantalla para concurrir a convocatorias de la Generalitat, que después cedían el trabajo (y los fondos obtenidos) a sociedades de la trama a cambio de una comisión. Tales acuerdos, añadió, se firmaban como contratos por escrito.

Las fuentes consultadas afirman que las preguntas de EU han generado preocupación porque se refieren a la contratación de las consejerías por las que ha pasado Blasco con decenas de empresas de Tauroni, otros imputados en la causa, como Luis Castel Aznar y Fernando Cañete, y algunos de sus familiares. Entre los descubrimientos que el Consell ya habría efectuado figuraría, según las mismas fuentes, la adjudicación del sistema informático del servicio valenciano de empleo (Servef), que fundó Blasco en 1999, cuyo nombre sería Tauro. Una denominación muy parecida al principal imputado en la causa, después de Blasco.