Otra denuncia exige a Territorio que pare las obras de Iberpotash

Tras hacerlo una primera vez, Iberpotash podría verse obligada a paralizar de nuevo las obras de la rampa de la mina de Cabanasses, en Súria. La compañía empezó a construirla en octubre y tuvo que suspenderla en enero al no estar aprobado el planeamiento urbanístico necesario. Aquella salvedad se solventó con una celeridad administrativa inusitada, que permitió reemprender los trabajos en febrero. Pero ahora el Departamento de Territorio ha recibido una nueva denuncia en la que se pone en evidencia que los trabajos de perforación se están efectuando sin la pertinente declaración de impacto ambiental, por lo que se exige una nueva paralización de las obras.

Esa evaluación de impacto ambiental es imprescindible, según dicta la legislación y han remarcado en distintas ocasiones diferentes organismos de la Generalitat, después de que Iberpotash haya modificado su proyecto de explotación minera en la comarca del Bages con el denominado plan Phoenix. Al menos así lo entiende el Estudi Jurídic Ambiental, que ayer cursó ante la consejería de Territorio la falta de esa documentación.

La denuncia considera que tanto las minas de Súria como las de Sallent han sufrido “una modificación sustantiva de las actividades de explotación minera”, por lo que “se deben someter” a una nueva declaración medioambiental. Después de que tanto la Generalitat como el Ayuntamiento de Súria permitieran el inicio de las obras tras desencallar el embrollo urbanístico, el despacho de abogados sostiene que se puede incoar “un procedimiento sancionador del proyecto” por falta de documentación, reclama que se suspenda la “ejecución de la actividad de la rampa” e incluso sostiene la necesidad de “restaurar las cosas al estado anterior a la infracción cometida”.

La denuncia, en su último punto, va un paso más allá y amenaza con acudir a la fiscalía si no se abre expediente sancionador y se paralizan las obras.

Esta nueva denuncia llega cuando Iberpotash todavía no ha acabado de sortear todos los problemas que le está acarreando la ejecución del plan Phoenix. El pasado mes de enero, y a raíz de la denuncia de un vecino, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña dio dos meses de tiempo a la compañía para que presentara ante la Generalitat un plan de restauración medioambiental que permita restañar el impacto de la explotación minera en la comarca hasta el año 2035. Asimismo, el alto tribunal ordenó a la Generalitat establecer una nueva fianza para asegurar los posibles incumplimientos en materia medioambiental por parte de la compañía.

De momento, la Generalitat no ha informado sobre la ejecución de esas peticiones. Con el nuevo Gobierno, el Departamento de Empresa y Empleo, ha tomado las riendas del asunto a través de su dirección general de Minas. Hasta ahora era el Departamento de Territorio el que mantenía un peso predominante en la materia.